El derroche y dispendio del gasto público del gobierno en el manejo del presupuesto de la nación, más la pronunciada evasión fiscal y la baja calidad del gasto son en la actualidad un caldo de cultivo para que la presión tributaria descienda considerablemente y como consecuencia se acentué el déficit fiscal.
Otro factor que preocupa a amplios sectores de la vida nacional es el ascenso indetenible e irresponsable por parte de este gobierno, de la deuda pública.
Las recaudaciones fiscales no pueden más que disminuir de manera sostenida si lo que prevalece es la evasión, la elusión, los bajos ingresos de los ciudadanos y las graciosas exenciones fiscales a sectores exclusivos y privilegiados.
El endeudamiento público nos puede ir llevando a una crisis de insostenibilidad sin precedentes. La deuda pública ronda los U$ 35,000 MM; un déficit fiscal por año desde el 2008 que oscila entre los $68,000 y 70,000 MM. de pesos, equivalente a un 3% del PIB.
Peor aún, para que veamos la magnitud del endeudamiento externo y de la mezquindad e irresponsabilidad de los gobiernos desfalcadores del erario como los del PLD, de cada $100 pesos que recauda el gobierno de los bolsillos de cada dominicano, éste tiene que pagar $42 pesos por obligaciones de la deuda pública o más bien para pagar dicha deuda.
El gobierno peledeísta para continuar con las manos sueltas en el manejo torpe del presupuesto le teme como “el diablo a la cruz” obtemperar los reclamos y llamados que hacen distintos sectores, sobre todo de clase media organizados en grupos empresariales, industriales, importadores y exportadores para que se llegue a un consenso al tan anhelado pacto fiscal.
Pero en vez de propiciar ese necesario e indispensable pacto fiscal, el gobierno se despacha decretando administrativamente impuestos con el fin de tapar con parches los desajustes y déficits fiscales en la economía dominicana. Podemos mencionar los impuestos a las placas de vehículos, para el 911, en las comunicaciones, en los peajes, entre otros impuestos. Esto nos dice que la evasiva y negativa del gobierno para arribar al pacto fiscal, en su lógica, sería innecesario, porque seguirían manejando el presupuesto de la nación sin control, sin austeridad, sin calidad en el gasto y de forma irracional.
El tejido corruptor del gobierno en complicidad con algunos sectores del gran poder económico ha influenciado de manera visible el no atender la petición de sectores económicos más potables y prudentes, a crear un ambiente factible para una reforma integral en los campos fiscal y tributario. Tampoco ha hecho caso el gobierno de Danilo Medina a lo estipulado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el pacto fiscal, pero fue desechado ante los reclamos sociales de ajustar el gasto y de reducir el dispendio y la malversación de fondos públicos. También el Fondo Monetario Internacional aconsejó a las autoridades la aprobación del pacto fiscal.
Lo peor de todo esto es que este gobierno exhibe un crecimiento económico que yo llamo ficticio e inequitativo, pues es sostenido en piso de barro, y lo digo de esa manera porque ese tan cacareado crecimiento, y que los organismos internacionales se lo creen por su conveniencia, está cimentado en un abusivo endeudamiento de gran calado y que puede llevar al país a una crisis social, política y económica sin precedentes.
Este gobierno haciéndose el sordo, ciego y mudo está jugando con candela. Miren bien, la deuda pública interna y externa representa el 52% del PIB. y sólo alcanzamos al 41% por concepto de recaudaciones. Todos estos desajustes en la conducción del Estado en materia económica, como lo hemos venido analizando en este artículo, va emparejado a un tipo de gobierno con prácticas corruptas ensambladas y cobijadas de impunidad.
Aunque el gobierno peledeísta quiera minimizar, ridiculizar y denostar la movilización y luchas sociales representadas en el colectivo Marcha Verde, con la presencia de grandes multitudes en las calles, la presión social es un hecho real y palpable y que ha colocado a la defensiva al gobierno peledeísta. Esa presión social se agiganta cada día por los niveles de conciencia y compromiso cívico de cientos de miles de dominicanos y dominicanas que han despertado de la anestesia que le había inyectado, sobre todo a los sectores de clase media, el peledeísmo gobernante.
El presidente Danilo Medina debe llamar a una gran Concertación Nacional, donde se plantee y proponga al pueblo dominicano, de manera directa, llana y transparente encarar los grandes temas nacionales como: frenar la corrupción y la impunidad; consensuar alternativas de solución efectiva a los problemas de salud, educación, seguridad ciudadana, sistema eléctrico, agropecuario, vivienda, empleo, medio ambiente, institucionalidad y consensuar horizontal y verticalmente los pactos pendientes: eléctrico, fiscal, tributario y pacto político.