Muy fresco está en la memoria colectiva la intervención del presidente Danilo Medina ante la Cámara Americana de Comercio en la parte final del pasado proceso electoral, donde al tocar el tema fiscal, se limitó a advertirle al sector empresarial, presente en ese encuentro, que el tema relacionado al gasto fiscal que representa el conjunto de exenciones impositivas que disfruta esa ala de la vida nacional debía ser revisado.
Nada más cierto que eso, pues que el erario deje de recibir algo más de 230 mil millones de pesos al año, aproximadamente el 7% del producto interno bruto, es un punto digno de ser periódicamente evaluado, más aún si este beneficio fiscal no está siento transferido al ciudadano en bienes y servicios que le agreguen valor a su vida, sino que ya es considerado como una partida positiva en los estados financieros de las empresas favorecidas.
Otro aspecto importante, aunque no fue tocado durante la campaña electoral pasada, es la evasión fiscal, que según informes oficiosos, ronda entre el 30% y el 40% y para que tengamos idea, tan solo con reducirla a su mínima expresión estaríamos aumentando la presión fiscal entre 3% y 4% sin necesidad de crear nuevos impuestos y mucho menos de incrementar los existentes.
Estos dos aspectos deben constituir los ejes centrales del anunciado pacto fiscal y cuán halagüeño resulta enterarse del compromiso asumido por las autoridades a través de sus voceros oficiales de no aumentar ni crear nuevos impuestos.
Posterior al abordaje de estos dos puntos neurálgicos, es importante profundizar en la calidad del gasto público, sin afectar los sectores vulnerables de la población.

Sin embargo, previo a la consecución de este mandato incluido en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, se hace inteligentemente necesaria la socialización de la propuesta de contenido del eventual pacto, así como la integración de todos los actores sociales que puedan aportar en la estructuración del mismo. Esta sería una gran oportunidad para los partidos políticos presentar su visión sobre las políticas fiscales que deben regir nuestro sistema recaudatorio.