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El Siglo 21 se nos presenta como una época de la humanidad basada en adelantos científicos y modernas tecnologías; en la información y las comunicaciones como fuentes del saber; en un mayor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales; y en mayores grados de preservación del medio ambiente. Acorde con ello, la educación en general, y la universitaria en particular, está viviendo en casi todo el mundo un proceso de transformación estimulado por los cambios que experimentan las diversas realidades nacionales. Ese proceso global de desarrollo tiene manifestaciones particulares en los países de la América española y el Caribe donde, el atraso industrial, el desempleo, los problemas financieros, la falta de infraestructura técnica científica responden a razones muy diversas, entre las que pueden señalarse las rigideces de los diversos sistemas productivos acorde o no con las políticas económicas de los gobiernos de la región en el estrecho marco de las relaciones internacionales.
Las universidades fundadas en América por órdenes religiosas y por la Corona española en la primera mitad del Siglo 16, han sido, y continúan siendo, instituciones de primer orden en la evolución y desarrollo de las sociedades. Orientadas en principio a la formación del personal requerido por la burocracia colonial, civil y eclesiástica, esas Viejas Casas de Estudios contribuyeron luego a la sustitución de las autoridades españolas por los representantes de las oligarquía republicana y, posteriormente, apoyaron el ascenso político de las clases medias a través de la Reforma Universitaria de Córdoba iniciado en Córdoba, Argentina, en 1918.
El debate actual sobre la educación superior se centra en la contribución que ésta pueda hacer a la modernidad, plasmada en un proyecto de sociedad comprometida con el desarrollo humano sustentable, que no excluya la apertura de la economía y la búsqueda de una inserción favorable en el actual contexto internacional. Esto no lo podemos alcanzar sin un eficiente sector académico con catedráticos e investigadores dedicados, y sin una responsabilidad compartida entre gobierno y universidad para afrontar con eficacia las distintas tareas que la sociedad les encarga a las Altas Casas de Estudios.
Ahora que después de lo de Abril de 1965 nuestra democracia parece estar consolidada; ahora que nos encontramos dedicados a poner en práctica modelos y sistemas económicos y sociales que entendemos que benefician a nuestro país, sólo no resta consolidar un propósito común para elevar los conocimientos, racionalizar el trabajo, y alcanzar mayor productividad y bienestar para todos.
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa (preuniversitaria y superior) lo hemos concebido como una estrategia integral que recoge un conjunto de compromisos asumidos por el gobierno del presidente Danilo Medina, por los diferentes actores del Sistema Dominicano de Instrucción Pública, por el Consejo Económico y Social, por todos nuestros dirigentes políticos y comunitarios, y por expertos en el área. Dicho Pacto, tiene como fundamento legal la Constitución de la República, y responde al mandato establecido en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Como ha de esperarse, cumpliremos con los compromisos asumidos pensando siempre en democratizar el acceso de la población a la educación desde el nivel preuniversitario al superior; en garantizar la calidad y pertinencia del aprendizaje; en dignificar la carrera docente; en instaurar un sistema de evaluación acorde con las más avanzadas normas; y en adecuar el financiamiento y movilización de los recursos financieros necesarios para alcanzar esos fines”.