Pacto Nacional para la Reforma Educativa

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El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, el mismo que presentara el gobierno del presidente Danilo Medina y que fuera asumido y suscrito por el Consejo Económico y Social, por los Ministerio de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por las Universidades Autónoma de Santo Domingo y Católica Madre y Maestra, entre otras, por la Asociación Dominicana de Profesores, por los partidos políticos y por muchas de las agrupaciones comunitarias, por expertos en el área, y por otros sectores, fue concebido desde un principio como una estrategia integral que recoge la voluntad de todos los que intervinimos en su formulación. Dicho Pacto tiene como fundamento legal la Constitución de la República, en su artículo 63 que consagra “que toda persona tenga derecho a una educación permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de en sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones”. Los compromisos que asumimos los firmantes de dicho Pacto están orientados a democratizar el acceso de la población a una educación de calidad desde el nivel preuniversitario al superior, incluyendo la educación técnico profesional; a garantizar la calidad y pertinencia del aprendizaje en todos los niveles del saber; a dignificar la carrera docente; a instaurar un sistema de evaluación de la calidad de la enseñanza; a garantizar la modernización de nuestro sistema de instrucción pública; y adecuar el financiamiento y movilización de recursos para la educación en todos sus niveles y grados.
Para asegurarnos la ejecución de las acciones derivadas del cumplimiento del Pacto Educativo, la realización de sinergias y el ajuste en la planeación, instituimos un sistema de seguimiento y monitoreo de las acciones que llevan a cabo las instituciones compromisorias. Pero, a pesar de ello, algunos dan a entender a través de sus declaraciones en los medios de comunicaciones que estamos muy lejos en alcanzar los fines que con tanta fe y entusiasmo nos propusimos. En efecto, en la página ocho del periódico El Nacional, en su edición correspondiente al 18 de septiembre recién pasado, en un artículo de la periodista Pilar Moreno aparecen detalles de un Informe presentado por veinticinco seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) definiendo como tétrico el panorama en muchas de las escuelas públicas, dos años después de haberse anunciado el inicio de una reforma educativa con una inversión anual en ese sector del 4% del PIB. En el aludido informe, entre otras cosas, se lee lo siguiente: “la existencia de un déficit de más de 6 mil maestros, el estado inservible de miles de aulas y los problemas operativos de la modalidad de tanda extendida”. Y lo peor: dirigentes municipales de la ADP de Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal y de otras municipalidades del país le hicieron saber al Ministro Andrés Navarro que directores de escuelas públicas recurren a la innoble tarea de cobrarles $1,500 mensuales a los padres de los estudiantes. También, esos dirigentes magisteriales se quejaron de las deficiencias en cómo operan el Seguro Médico para Maestros y el Programa de Alimentación Escolar. A pesar de todos esos inconvenientes, quien esto escribe es de opinión que en muchos otros aspectos como el de construcción y reparación de aulas, la formación y capacitación docente, la revisión curricular las cosas marchan bien, aunque no tan bien como esperábamos.