Vemos con pena como a pesar de contar con instrumentos, marco legal, preocupaciones, expresas intensiones, el sistema de salud dominicano se mantiene en la incapacidad de dar respuestas a los problemas sanitarios de los ciudadanos, del pueblo en sentido general. Seguimos con un sistema inequitativo, injusto, con carencias manifiestas, excluyente, discriminador, que contribuye a profundizar la pobreza, y que en términos de los indicadores sanitarios como señal de desarrollo seguimos a la saga en América Latina.
Se ha hablado bastante sobre la baja inversión, el modelo organizativo y funcional del sistema; se ha escrito mucho sobre diagnóstico situacional, hay una caterva de propuestas harto conocidas, pero estamos estancados.
En el sector salud medran un sinnúmero de intereses, de todo tipo, que se convierten en unos verdaderos obstáculos para el avance hacia los objetivos y metas deseados. En un modelo político partidario electoral cimentado en el clientelismo y populismo, donde las decisiones podrían tener un costo político electoral, ningún gobierno se anima a “ponerle el cascabel al gato”, dado que las medidas e intervenciones pertinentes que hay que acometer lesionan intereses y/o privilegios de sectores o grupos económicos, religiosos, empresariales, gremiales, etcétera, que tienen vasos comunicantes con el poder político.
Por esto se hace necesario un Gran Pacto Social y Político por la Salud en la República Dominicana, donde se tomen decisiones de cambios estructurales, que sean no solo aceptados por todos sino apoyados e impulsados por los signatarios del mismo. Que todos los partidos políticos, con sus candidatos a presidentes, entiendan que el sector salud debe ser despolitizado desde el punto de vista político partidario; que debe primar la meritocracia, que debe desaparecer el tráfico de influencia, los privilegios, el dispendio y la corrupción.
¿Por qué un pacto social y político? Quiero expresarlo con ejemplos: Seguridad Social, hay que eliminar el veto de los sectores empresariales y sindicales en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Solo el gobierno, que se entiende representa el sagrado interés de las mayorías, sobre todo los más vulnerables, debe tenerlo. La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) debe ser miembro permanente del CNSS, pues ahí está todo el mundo representado menos los afiliados. ¿Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) seguirán con esos niveles de ganancias, onerosos para los afiliados? Pero peor aún, sabemos que las futuras pensiones solo cubrirían el 23 % del salario a reponer. Se propone incrementar las cotizaciones, incrementar la edad de pensión. Cambiar el modelo de Capitalización Individual, volver al sistema de reparto administrado por el Estado, dejando el primero como voluntario ¿qué se va a hacer?
Con las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), ¿seguiremos con intermediación con fines de lucro, que se llevan una buena tajada de los dineros necesarios para la salud de los afiliados? ¿Las ponemos solo como administradoras sin fines de lucro, que el excedente vuelva y se invierta en la seguridad social? O pondremos solo una ARS, la pública, Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para que administre el riesgo en salud de los diferentes regímenes. ¿Qué hacer con las enfermedades de alto costo? Seguimos invirtiendo 2800 millones para beneficiar a 18 mil personas, o invertimos ese dinero para ampliar cobertura de seguridad social, se completa la cápita necesaria para que queden cubiertas esas enfermedades dentro de la cobertura del Seguro Familiar de Salud, o se hace un programa Estatal con fondos propios, extraídos de un porcentaje de las cotizaciones, impuestos a los premios, al juego, etc. paralelo al seguro familiar de salud.
Qué política con los gremios se va a desarrollar, seguiremos permitiendo que los pacientes sigan siendo tomados como rehenes para lograr reivindicaciones o cualquier otra demanda con o sin justificación. Definiremos una jerarquía entre los diferentes derechos constitucionales: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la huelga, donde quede sepultado, de una vez y por toda, este último como mecanismo de lucha. Esto, desde luego, sin menoscabo de las prerrogativas de los gremios a luchar por el bienestar de sus afiliados.
La revisión del modelo de contratación de los recursos humanos en salud, horarios, responsabilidades, salarios justos, incentivos, mecanismos de consecuencias al incumplimiento.
La revisión y actualización de las leyes de seguridad social y general de salud con sus respectivos reglamentos, con fechas límites para presentarlas, consensuarlas, aprobarlas y promulgarlas. Y, desde luego, cumplirlas.
Empezar de manera decidida, sin dilación, a desarrollar un sistema de salud basado en la Estrategia de Atención Primaria (APS) con las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), en el cual la promoción de la salud, la prevención de enfermedades sean visibles.
Todo lo anterior, y mucho más, al hacerlo se afectan intereses. Hay que tratar de no mezclar aspectos políticos de coyuntura actual del país con los problemas del sector salud. Ante la imposibilidad de un consenso de unanimidad cómo manejar el disenso, cómo evitar que se busque rentabilidad política partidaria con crítica a la gestión en el sector salud.
Espero se entienda el porqué de la necesidad de ese pacto.