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En las últimas décadas, el crecimiento económico del país no nos ha aportado, como esperábamos que así fuera, un cambio de la misma magnitud en las relaciones entre las clases sociales y las formas en que opera la distribución del ingreso entre los diversos estratos. Durante ese lapso de tiempo, la demanda por educación y la oferta educacional han ejercido un sinnúmero de repercusiones en la estructura social, por el hecho de que se producen, no sólo con cierta autonomía, sino en discrepancias con las tendencias prevalecientes en las relaciones entre las clases sociales y el poder político. Esas expectativas de cambio y de movilidad social generaron grandes tensiones entre una generación y otra. Fue a partir de entonces cuando el sistema de instrucción pública pasó a tener un papel crucial en la determinación de las relaciones entre grupos y clases sociales, en las ideologías, y en las movilizaciones políticas. En este contexto, al igual a como ha ocurrido en varios países de la América Española y el Caribe, nos hemos dado un estilo educativo y político más acorde con la modernización social, razón por la cual se observan presiones para lograr de la educación un elemento generador de gran dinamismo social que procura el surgimiento de nuevas opciones y de nuevos planes de desarrollo.
Los cambios tecnológicos vienen exigiéndoles a las organizaciones magisteriales de carácter sindical nuevas actitudes y comportamiento. El gran desafío de organizaciones como la ADP es el de cooperar en la reconceptualización de nociones tales como: trabajo, empleo, productividad, distribución de beneficio, sentido de solidaridad, utilización del tiempo libre y, en fin, el reordenamiento de las relaciones a nivel de las instituciones y de la sociedad misma. Las soluciones inmediatistas ya no tienen tanto sentido. Incluso, en muchos países ya se habla de la urgente necesidad de pensar en un nuevo contrato social, aunque se observan grandes dificultades para lograrlo.
Tal y como lo hemos expresado en varias ocasiones: “La calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado”.
Álvaro Marchesis, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos, en su Preámbulo del libro “Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente, publicado por la Fundación Santillana en Madrid en el año 2001, refiriéndose a las políticas públicas a favor del profesorado expresa lo siguiente: “Desde esta perspectivas las propuestas para mejorar la situación del profesorado deben basarse en enfoques contextuales e integrales en los que se tengan en cuenta todos los factores que contribuyen a facilitar el trabajo de los docentes. En el mismo sentido y de forma complementaria, la gran mayoría de las iniciativas que se plantean para mejorar la educación no deben perder de vista su implicación para el fortalecimiento de la profesión docente”.
La protesta de la ADP contra la Ordenanza 24-2017 del Ministerio de Educación a la selección de terna para la designación de 18 directores regionales y 122 distritales ha desatado una crisis que pone en peligro el feliz término el presente año escolar. Un concurso de oposición para ocupar un cargo público es algo muy distinto a una selección por terna con el mismo fin. Las autoridades del Ministerio de Educación y los líderes de la ADP deben buscarle una solución al conflicto con el objetivo de evitar daños mayores.