Pactos que no están a la vista

Pactos que no están a la vista

El Gobierno luce rezagado, tal vez renuente, en cuanto a adoptar algunas políticas públicas fundamentales para encaminar la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Es cierto que ha habido avances importantes en la ejecución del Pacto Educativo, con énfasis en la preparación de docentes para la enseñanza primaria y la secundaria, pero no se avanza a buena marcha hacia los demás pactos aconsejados por la END.
A estas alturas, el Pacto Eléctrico está atado a la incertidumbre y su consumación no es algo que tengamos a la vista en el horizonte. Los intereses sectoriales por un lado, y las disparidades de criterio en cuestiones medulares, mantienen muy distanciados a los principales actores. Y ni hablar del Pacto Fiscal, cuya consumación no está en las expectativas de corto o mediano plazo. Es más, este pacto no parece estar en la agenda del Gobierno.
En cuanto al Pacto por el Agua se puede afirmar que el Gobierno ha estado articulando políticas indiscutibles de protección. Sin embargo, hacen falta una Ley de Aguas y otros instrumentos normativos que conduzcan a un uso eficiente de este recurso vital. Tal vez las terribles inundaciones de noviembre obliguen a tomar en serio la necesidad de construir más presas y represas. En fin, que el Gobierno tiene una marcha ralentizada en cuanto a los cambios estructurales contemplados en la END.

Compromiso pendiente

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo haber ordenado una investigación sobre las muertes del taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y el mecánico Ramón Antonio Pérez Mejía, abatidos por la Policía en un alegado intercambio de disparos ocurrido en Baní el 31 de este mes. Sin embargo, los familiares de las víctimas afirman que los integrantes de la patrulla homicida ni siquiera han sido conducidos a interrogatorio en la Fiscalía provincial.
Los familiares de las víctimas insisten en que sus parientes fueron ejecutados y que no son delincuentes, como afirmó la Policía. Ellos rechazan la versión del supuesto intercambio de disparos. El Ministerio Público tiene la obligación de sacar a flote la verdad de este suceso. ¿Qué se ha hecho a partir de las instrucciones dadas por el Procurador General?

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