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POR TANIA HIDALGO
El sacerdote Domingo Espinal, acusado de violar sexualmente a un menor de edad, fue dejado ayer preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por órdenes del juez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián.
El magistrado dictó mandamiento de prisión provisional contra el sacerdote y teniente coronel del Ejército Nacional y dispuso su traslado a la cárcel de Najayo, tras acoger el dictamen de la representante del Ministerio Público, Andry de los Santos.
La decisión fue tomada luego de varias vistas en la que las partes envueltas en el proceso presentaron sus respectivas argumentaciones sobre el mandamiento provisional.
«Que a pesar de las declaraciones ofrecidas por el padre Domingo Espinal, en el sentido de que no tiene ninguna responsabilidad de los hechos que se le imputan, las mismas se desligan totalmente de las expresadas por el menor, quien es protagonista de los hechos y coinciden con las ofrecidas por el joven Estevenson Núñez que también fue víctima de abuso sexual», expone la decisión del magistrado.
Añade que el joven de 14 años, cuyo nombre se omite por razones legales, ingresó a la escuela Garrido del sector Invi, en el kilómetro diez y medio de la carretera Sánchez, de esta capital, con el consentimiento de su abuela Octavia, con quien residía, pues era considerado un niño revoltoso y no muy inclinado por los estudios y para buscarle una solución a esa preocupación sus familiares se dirigieron al padre Domingo Espinal para que éste lo acogiera y fomentara en él los estudios, sin embargo «de acuerdo a sus propias declaraciones fue víctima de abuso sexual en varias ocasiones recibiendo a cambio compensación económica tanto en dinero en efectivo como regalos consistentes en prendas de vestir».
El magistrado sostiene en uno de los considerandos que de acuerdo a textos legales, la parte inculpada cometió abuso y maltrato en contra del menor, ya que su conducta interfiere negativamente en el sano desarrollo físico, psicológico o sexual de un niño, niña y adolescente, ya que de manera intencional ha ocasionado un daño físico, mental o emocional incluyendo lesiones físicas.
Sostiene que a propósito de las lesiones físicas sufridas por el menor a consecuencia del ayuntamiento carnal del que fue víctima por parte del sacerdote, en el expediente reposa una certificación expedida por el Instituto Nacional de Patología Forense cuyo examen físico revela que en la región anal existe un aplanamiento de los pliegues perianales.
El adolescente declaró en el tribunal de Niños, Niñas y Adolescente que la violación se produjo en una parte conexa a una escuela, y que el cura le habría puesto una pistola en la boca.
La investigación contra el religioso se inició luego de que los familiares del adolescente presentaran una querella por ante la entonces directora del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República, Elisa Sánchez, quien posteriormente fue desestimada.
Esto motivó que los padres del adolescente, Tirso Reynaldo Veloz Peña y Marianela Villa Bizart, interpusieran una querella directa con constitución en parte civil ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Doris Pujols Ortiz, quien apoderó el expediente al Cuarto Juzgado de Instrucción, el cual tiene a su cargo las pesquisas del caso.
