Inaceptable para el país que al presente, y después de 13 años destinándose mucho más dinero de los dominicanos a la Educación en virtud de la especialización del 4% de las recaudaciones para el sector el proceso de ejecutorias con metas desafiantes para mejorar la enseñanza arroje pocos frutos y que para colmo la dirigencia gremial de los maestros se haya cerrado a bandas paralizando docencia sistemáticamente con exigencias salariales. La demanda de incrementar los sueldos en un 20% adicional a todo lo logrado supondría automáticamente restar recursos a otros objetivos de optimización de las escuelas públicas; esos a los que la propia Asociación Dominicana de Profesores reconoce importancia capital para la buena marcha del sistema. No pudiéndose negar que el Estado asume con hechos la obligación de remunerar lo más adecuadamente posible el oficio de enseñar hasta el punto de ser el Ministerio a cargo el que más recursos ha destinado en los últimos tiempos a servidores públicos.

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El liderazgo magisterial debe admitir de una vez y para siempre que los padres y tutores de alumnos no pueden recibir de otra manera que no sea como grave e injusta agresión el no poder llevar a sus hijos a planteles porque no encontrarán a quienes proporcionen el pan de la enseñanza para encaminarse por la vida. Ahí están las protestas de familias contra la falta de docencia y la insensatez de alterar el curso de la enseñanza combatiendo enconadamente a las autoridades con demandas excesivas.