POR GERMAN MARTE
Durante el 2005, el 13% de los usuarios de servicios públicos en la zona metropolitana (DN y provincia Santo Domingo) tuvo que pagar soborno o fue víctima de “macuteo” para obtener lo que buscaba, según resultados de una encuesta sobre Corrupción 2005 (Eco-2005) dados a conocer ayer.

El estudio reveló que la ineficacia de la administración pública alienta los sobornos. Con frecuencia los usuarios pagan para apresurar un trámite o una decisión, obtener el servicio procurado o vencer las barreras de acceso al mismo, o bien influir en las decisiones de los funcionarios.

La encuesta estuvo dirigida a usuarios de servicios públicos tales como policía, tribunales, fiscalía, hospitales y escuelas, entre otros servicios públicos.

Según el estudio, los dos servicios que tuvieron mayor porcentaje de usuarios con experiencia de soborno fueron la policía y la oficialía civil (actas de nacimiento), mientras que los de menor incidencia corresponde a los hospitales, centros de salud y las escuelas.

Estos resultados son similares a los obtenidos en países de la región: “una forma muy común en que la corrupción afecta a los latinoamericanos se canaliza por los mismos funcionarios que deberían controlarla, es decir la policía”.

Fue en los tribunales donde se pagaron los sobornos más elevados, mientras los más reducidos ocurrieron en las escuelas y las oficialías civiles, “sin embargo estos últimos no deben menospreciarse ya que si bien individualmente pueden ser los más pequeños, por la frecuencia de esos servicios, los montos nacionales podrían ser considerables”.

Además del pago de soborno para obtener ciertos servicios, en el país es frecuente el uso de relaciones personales para obtener los servicios públicos, al menos así lo señaló el 7% de las personas consultadas.

La encuesta sobre corrupción fue realizada por el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS) de la PUCMM y el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) con los auspicios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El estudio fue realizado por los investigadores Ramonina Brea, Isis Duarte y Jorge Vargas Culiel, con la colaboración de Juan José Polanco.

En general, señala la ECO-2005, la tramitación de los servicios públicos registró prácticas de corrupción –soborno u otro tipo de corrupción- en por lo menos el 18% de los usuarios.

La incidencia de la corrupción es mayor en los hombres, los más jóvenes, los más instruidos y los trabajadores no asalariados. Empero, la condición socioeconómica no es un elemento que diferencia a los usuarios que experimentaron soborno de los demás.

El estudio revela que el 59% de las personas que pagaron soborno considera que las complicaciones para obtener los servicios son provocadas por los mismos empleados, “para crear un ambiente propicio a la requisición de gratificación”.

En la gran mayoría de los casos (81%) el pago del “macuteo” se efectuó a partir de una solicitud que surgió del personal proveedor del servicio.

De acuerdo con la ECO-2005 el 75% de los que fueron macuteados entregó dinero al empleado que lo atendió.

El estudio realizado entre el 19 de noviembre y el 20 de diciembre del 2005 revela que la gran mayoría de las 1,878 personas consultadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo condenan con más fuerza al que recibe el pago y es más tolerante con quien paga.

Según los resultados de la investigación, el nivel de “macuteo” en el caso dominicano está por encima de países como México (8.5%), Perú (5%). Bolivia también tiene el 13%.