Los sorteos de obras del Estado entre los ingenieros de todo el país ha sido una magnífica decisión para distribuir de manera equitativa las oportunidades de trabajo entre esos profesionales. Pero el frecuente atraso del Gobierno en el pago de las cubicaciones de esas obras es una circunstancia que echa por tierra la bondad de los sorteos. Al menos doscientos contratistas del Programa Nacional de Edificaciones Escolares afirman que están llenos de deudas porque el pago de una cubicación tarda hasta ocho meses.

El atraso en el pago fue una de las causas que en septiembre del año pasado llevaron al suicidio a un arquitecto en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). El endeudamiento, la pérdida de crédito entre suplidores y otras situaciones desesperantes constituyen un cuadro común entre los contratistas de obras afectados por los atrasos.

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) ha denunciado reiteradamente esta situación, así como irregularidades vinculadas a las asignaciones de obras. El Gobierno tiene que asumir un ritmo de pago de cubicaciones acorde con el desarrollo de los trabajos. De continuar los atrasos, estará demoliendo la parte bondadosa del sorteo de obras estatales entre ingenieros que terminan con más perjuicios que beneficios.

Hace falta un cedazo más fino

La frecuencia de los casos de involucramiento de militares y policías en actos delictivos debe obligar a un rediseño de los patrones de reclutamiento de este personal. En los últimos dos años, la cifra de militares y policías, incluyendo oficiales de alto rango, cancelados por esta causa alcanzó un promedio de uno cada dos días. En lo que va de este año ha aumentado el número de policías muertos por patrullas cuando participaban en atracos a mano armada, y hasta la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) ha tenido que actuar contra una mafia interna que manipulaba multas.

Como se puede apreciar, hay un deterioro de la moralidad entre militares y policías que parece tener su origen en la falta de rigurosidad en la evaluación del personal para reclutamiento y en la observación de sus patrones de conducta.