ROSARIO ESPINAL
La República Dominicana vive actualmente una etapa en que la mayoría de la población tiene grandes expectativas de mejoría, pero el sistema económico y político no muestra capacidad de reformarse para lograrlo. El presente dominicano es mejor que el pasado despótico que predominó durante gran parte del siglo XX. Pero la transición democrática ha quedado atascada en la competitividad electoral y mediática, sin avanzar sustancialmente en la consolidación de procedimientos y prácticas de contenido democrático.

En general, cualquier intento importante para cambiar el orden existente queda bloqueado, porque afecta algún sector de poder económico, social o político que lo boicotea.

Ante el chantaje de los grupos de poder, los dirigentes políticos, cuyo móvil principal es gobernar para su propio beneficio, claudican fácilmente y sin remordimiento.

Ya en pleno siglo XXI, la sociedad dominicana se desenvuelve en una maraña clientelar, que imposibilita una eficiente burocratización del Estado y la oferta de mejores servicios públicos.

Todos los beneficiarios de la acción indebida se resisten a sujetarse a la ley, aunque prediquen abiertamente lo contrario.

Los servicios públicos son muy deficientes y no abarcan la población necesitada, lo que produce un estado de privación y carencia de derechos en amplios sectores sociales. Muchos esperan que algún divino patrón les ayude a sobrellevar la carga de la pobreza con dádivas y engaños.

Por otro lado, la sociedad carece de capacidad organizativa para luchar por sus derechos, y los políticos prefieren la desprotección del pueblo para seguir compitiendo irresponsablemente en las elecciones.

El sistema judicial, aunque reformado, no muestra capacidad de procesar adecuadamente la gran cantidad de violadores de las normas jurídicas, y cada juicio importante se convierte en una lucha mediática, donde los más poderosos prevalecen con aire de arrogancia.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sigue marcada por la subordinación o la obstaculización; y en cualquier caso, muchos legisladores carecen de compromiso para hacer de la política un ejercicio de raciocinio humanista.

Con frecuencia, los políticos operan con una lógica de la ventaja particular, lo que afecta negativamente el funcionamiento del Estado en todas sus instancias. Además, abundan los conflictos por la apropiación de parcelas del gobierno para sustraer beneficios que permitan expandir el poder de distintas facciones.

En el sector privado la situación no es más auspiciosa. Las áreas de mayor crecimiento en las últimas décadas, como zonas francas y turismo, no han sido capaces de generar suficientes empleos con salarios adecuados, que permitan solidificar la clase media y trabajadora. Las empresas se esfuman antes de impulsar el progreso.

En general, la economía dominicana sigue anclada en oficios de bajos salarios, con una mano de obra descalificada que apenas genera ingresos para reproducirse de manera precaria.

En medio de estas debilidades, la sociedad dominicana ha mostrado, sin embargo, una gran voluntad civilista. Así lo evidencian las distintas encuestas de cultura política realizadas en el país, donde la población ha expresado consistentemente que prefiere la democracia a otra forma de gobierno.

Esto muestra que, contrario a lo que muchas veces se dice que los dominicanos son autoritarios, en el país se ha afianzado una opinión que valora la democracia como sistema de garantías.

En parte por esa razón, el sistema político no se ha fracturado en medio de las insatisfacciones sociales que resurgen con fuerzas en cada gobierno.

Así las cosas, la vida política dominicana transcurre de elección en elección, siendo cada vez más obvia la incapacidad de avanzar hacia el progreso.

La rabia y las frustraciones se canalizan fundamentalmente en el escenario mediático, donde predomina el teatro de opinión, en vez de la profunda discusión de los problemas o la búsqueda de solución a los malestares que aquejan.

En este transcurrir repetitivo, se erosiona la esperanza del país, mientras los grupos de poder que históricamente se han beneficiado de explotar al pueblo, continúan intactos en su esfuerzo titánico por hacer prevalecer sus intereses ante cualquier asomo de cambio que podría perjudicarles.