El concepto de propiedad privada queda muy en entredicho cuando se trata de bienes que tienen una función de beneficio colectivo, público. Ríos, montañas, cavernas, playas, esteros, pantanos, manglares, arrecifes y otros ecosistemas cuyas funciones están relacionadas con otros ecosistemas mucho más allá de cualquier límite físico establecido por la gente no pueden caer bajo la simple denominación de “propiedad privada”.

Las cuevas y cavernas son de estos ecosistemas de interés general. Tanto las cuevas activas que pueden estar generando corrientes subterráneas que luego emergerán en la superficie o bajo el mar; como las cuevas secas que sirven de hábitat a miles de murciélagos que reforestan espontáneamente cientos de kilómetros cuadrados, son bienes naturales de beneficio general, tanto para los humanos como para las demás especies.

Por otro lado, las cuevas que contienen relictos culturales: restos arqueológicos, paleontológicos y arte rupestre, tampoco pueden manejarse como propiedad privada, debido a que esos elementos son patrimonio de la Nación, del pueblo y del Estado.

Lo antes dicho viene a cuento por tres razones. Primero, la cerca de alambre de púas y plantaciones (espinosas) de mayas (piña cimarrona) que encontramos recientemente en nuestra última visita a la cueva Hoyo de Sanabe. Alguien colocó dicha cerca en torno al llano que se encuentra frente a la elevación que contiene la cueva en cuestión.

Esta Cueva cuenta en su interior con cientos de pictografías aborígenes que, como ya dijimos anteriormente, son patrimonio de la Nación, del pueblo, del Estado. Aunque la cueva pueda encontrarse en terrenos privados ésta y su haber rupestre no pertenece al dueño del terreno. Por lo tanto, el dueño del terreno no puede impedir el acceso a ésta.

La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64 00) establece protección y manejo de todas las cuevas del país y de sus recursos interiores. Pero lamentablemente, la Secretaría de Medio Ambiente o el Estado mismo no puede comprar todos los terrenos privados donde se encuentran cuevas. Basta con que las cuevas están declaradas bajo protección legal para dejar establecido que pasan a ser propiedad del Estado, lo que es lo mismo que propiedad pública.

La segunda razón es lo que ocurre en la sección Borbón, de San Cristóbal, donde algunos propietarios de terrenos declarados de utilidad pública para el manejo de la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier, piensan que dado el interés que tienen estas cuevas pueden reventar al Estado exigiéndole millones de pesos por el uso o la venta de esos terrenos, cuando el beneficio del manejo de esas cuevas como lugares turísticos y educacionales van a beneficiar directamente a toda su población.

En este caso se presenta no solamente la ambición de los hasta ahora amables campesinos, sino la presión de los empresarios mineros para crearle una situación difícil a la Secretaría de Medio Ambiente y presionar por sus antiguas concesiones mineras.

El tercer caso es el aprovechamiento de algunos “inversionistas” para cuevas y establecer en su interior bares, “spas” y pequeñas discotecas con el argumento de estar “desarrollando el turismo”, acción totalmente ilegal y violatoria de lo establecido en la Ley Ambiental para la protección de las cuevas en todo el territorio nacional.

Esta situación de bares y discotecas se está dando tanto en las cuevas de la Autopista de las Américas como en otros sitios del país, lo que conllevará el desalojo de sus ocupantes, pues se trata de ocupaciones ilegales de propiedad del Estado, tanto por ser lugares protegidos como por encontrarse en el subsuelo, siendo todo el subsuelo nacional propiedad del Estado.

La propiedad de la tierra en la República Dominicana es muy dudosa, tanto por cómo comenzó esa apropiación exterminando a los aborígenes propietarios naturales , como por su continuación de despojo a pequeños propietarios y, finalmente, la expropiación cometida por militares aprovechando la Era de Trujillo y luego la “reforma agraria” de Balaguer que permitió a generales y coroneles hacerse con las mejores tierras del país.

Lo que se impone en estos momentos es la negociación con los propietarios de los suelos productivos a fin de dar el uso debido a cada porción del espacio nacional, siempre en el mayor beneficio de los ciudadanos que lo habitan o lo circundan.