Que hay graves distorsiones en la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, siempre es un cuestionamiento permanente y cada vez más creciente, que en estos momentos se agiganta y se percibe descontrol absoluto de las instituciones estatales nodales concernientes a la seguridad nacional, que completa el Ministerio de Defensa, también bajo la lupa del cuestionamiento ciudadano.
En la entrega a Hoy del autor el l4 del mes, expuse cómo la ciudadanía percibe la nomenclatura del siniestro escenario de los bajos fondos del narcotráfico, de un soterrado entendimiento y vinculación deleznable entre los capos y los jefes provinciales de PN y DNCD.
Expuse y reitero que el caso del asesinato del coronel policial Daniel Ramos Álvarez, que alegadamente acudió a intervenir un punto de drogas en Baní, desprovisto de chaleco antibalas, debiera aprovecharse como inflexión y principio, para clarificar el siniestro entramado que se denuncia entre los capos y los jefes provinciales de PN y DNCD.
El l7 de este mes, el jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente y firme vocero de FINJUS, conocido alicate de USAID, expuso que nuestro presidente Danilo Medina “tiene que asumir el caso denunciado sobre drogas en Baní, como comandante en Jefe de los institutos armados del país”.
El l6 de este mes, el nombrado Jesús Peña, hermano de Rafael Antonio Díaz, victimario del coronel Ramos Álvarez, con un asombroso desempacho declaró`: “Baní es mercado libre de drogas”, mientras la DNCD informó que sometió en cinco ocasiones al victimario del coronel Ramos Álvarez, y el país cuestiona cuáles fueron las sentencias en las cinco ocasiones.
Idéntico desbarajuste acontece en la frontera, que los militares trocaron defender la soberanía por la veta del tráfico de indocumentados, con innegable apoyo político.
INRIS del PLD.