Juan María Ramírez 
La vuelta a la práctica de los desalojos forzados en República Dominicana, sobre todo en el Gran Santo Domingo, Santiago, Azua y El Seibo, ha sido llevada a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un informe elaborado por entidades religiosas y de la sociedad civil.
Miles de familias desalojadas en el Gran Santo Domingo, Santiago, Azua y los campesinos del Seibo, se mantienen en las calles a pesar de promesas y levantamientos de instituciones del Estado con miras a buscar soluciones.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuestas que saquen a estas familias de las precariedades en que se desenvuelven y que deambulan por todas partes, arrimados en casas de familiares y amigos, en marquesinas prestadas y donde las atrapes la noche.
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En otros casos, desalojados han tenido que ocupar estructuras del Estado como escuela en construcción, tal es el caso de cerca de 200 familias del barrio Freddy Beras Goico que ocupan un plantel en La Mina de Los Alcarrizos, en Santo Domingo.
Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, expresa que esa situación genera violación de los derechos humanos, por lo que enviaron a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe para que sea conocido el próximo año, en el Examen Universal Periódico que realiza sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
Señala que las denuncias hecha por Ciudad Alternativa, la Red Urbano y Popular, así como por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, sobre los desalojos forzosos se mantienen sin solución.
Firman informe
El informe fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA), Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Scalabrinianas (MSCS), Hermanas de San Juan Evangelista.
También, el Centro Montalvo (SJ), Radio Seybo, Ciudad Alternativa, Misioneras Dominicas del Rosario, Frailes Dominicos en la República Dominicana.
De igual modo, Misioneros Dominicos Selvas Amazónicas, Jesuitas Caribe, Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CNPM) y Congregación de los Padres Carlistas Scalabrinianos.
El director de Ciudad Alternativa estima en 3,100 las familias en desalojas y amenazadas, en la que en la mayoría de los casos están envueltos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que actúan de espalda a las leyes, práctica que se desarrolló durante los gobiernos del extinto presidente Joaquín Balaguer y que se creía erradicada en las gestiones posteriores.
Casos puntuales
En 2021, sábado 6 de marzo, 5:00 de la mañana, fueron desalojadas forzosamente 389 familias del sector Freddy Beras Goico, en el municipio de Los Alcarrizos de las cuales 114 viven de forma precaria en la escuela semi construida “Los Coquitos”.
Viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable, lo que conlleva problemas de salud e inseguridad.
En La Mina, San Isidro, el 24 de abril de 2021, alrededor de 600 familias fueron desalojadas por autoridades policiales y militares de terrenos cedidos por el Estado a las Fuerzas Aéreas. El 1 de junio de 2022, 30 familias fueron violenta y arbitrariamente desalojadas en La Rusa, San Luis, Santo Domingo Este. Los afectados consideran que fue ilegal, ya que la propiedad fue vendida después del decreto 268-16, que prohíbe la venta de terrenos estatales a particulares.
A un año de haber sido desalojados del sector Arroyo Lindo, próximo a Los Girasoles, Distrito Nacional, 250 familias están en desbandadas, amaneciendo en marquesinas que prestan personas solidarias, en casas de parientes y amigos y donde le llegue la noche.
Pero lo más doloroso, 600 niños y adolescentes fuera de las aulas, debido a que no tienen domicilios fijos, lo que preocupa a padres porque no saben que le depara el futuro, pues la educación es la única herramienta para salir de la marginalidad y prevenir delincuencia. Entre torturas, apresamientos, agresiones físicas, sexuales y de otras índoles, derribos de viviendas, miembros de la Fuerzas Aérea Dominicana han desalojados a 14 familias del barrio Nueva Jerusalén, ubicado detrás de la Base de este cuerpo militar, donde habitan más de tres mil familias amenazadas.
Los moradores del lugar llaman la atención del presidente Luis Abinader para que detenga las acciones, ya que al parecer quienes dirigen la FAD la quieren convertir en una “inmobiliaria” que apetecen los terrenos con fines inconfesables. Cita otros como los desalojos forzosos en la provincia de Santiago (25 de febrero de 2022, donde alrededor 130 familias) o el de Nuevo Domingo Savio (1,700 familias expulsadas por parte de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).
Las familias se han visto obligadas a aceptar una indemnización que no alcanza para adquirir una vivienda digna.
Una propuesta del senador Antonio Taveras busca que un decreto del Poder Ejecutivo detenga desalojos y entregue títulos a desplazados.
