POR RADHAMES  GONZALEZ  Y CARMEN MATOS
El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, afirmó ayer que no comparte los términos del informe del Departamento de Estado que consigna que la República Dominicana no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico ilegal de personas y el maltrato a los niños en el trabajo.

Asimismo la gerente de CONANI, Nilza Areas,  dijo que país  está en  riesgo de que Estados Unidos le niegue algunos tipos de ayuda extranjera si se mantiene en la lista de países en observación categoría dos, como revela el informe.

Jiménez Peña dijo  desconocer de donde salió el informe que llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos, hacer esa información, y  que no se explica en que se fundamenta el informe.

Por otro lado, Nilza Ares, gerente  del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI),  expresó que el país enfrenta otras sanciones que le serían impuestas por organismos internacionales signatarios de convenios en la lucha contra el  tráfico de personas.

El procurador Jiménez Peña, dijo que en el país se han presentados casos aislados, como en otras naciones, de maltratos  a los niños y adolescentes,  pero no en la forma en que el Departamento de Estado los  presenta.

Rechazó  que la República Dominicana  explote sexualmente y con trabajos forzados a los niños,  dijo que el gobierno del Presidente Leonel Fernández realiza grandes esfuerzos para enfrentar esa situación.

El máximo representante del Ministerio Público declaró que el gobierno a través del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República, desarrolla programas para enfrentar los males que afectan a la niñez en República Dominicana.

Indicó que si bien existen  problemas, no es menos cierto que se trabaja para que la situación hacia los menores y adolescentes, sea cada vez más humana.

Destacó que en el país se trabaja para que se dé la mayor protección a los niños, niñas y adolescentes.

NILZA ARES

La gerente  de CONANI, que también forma parte de la Comisión Nacional contra el Tráfico y Trata de Personas, atribuyó los resultados a los viajes ilegales que se organizan en el país, a la utilización de documentos falsos y la prostitución hacia Europa, prácticas que a su juicio, fueron tomadas en cuenta dentro de las investigaciones previas al informe.

Es la tercera vez que el país ocupa la posición  desde el año 2005, la cual se reserva para aquellos gobiernos que no cumplen con los estándares mínimos establecidos a nivel internacional para erradicar la trata de personas, pero que hacen esfuerzos en ese sentido. También para países donde existe una cifra significativa de víctimas del tráfico con tendencia al alza.

Argentina, Guatemala, Honduras y México son los demás países latinoamericanos que acompañan al país en esa posición dentro del estudio.

En la categoría uno, se ubica a los países que cumplen con todos los estándares internacionales para combatir la trata de personas y en la dos, los gobiernos que no cumplen con todas las normas  pero que sí realizan esfuerzos  en ese sentido y finalmente en la posición tres,  se ubican los países que no cumplen con los estándares mínimos, pero que tampoco hacen esfuerzos para alcanzarlos, en la que permanecen Cuba y Venezuela y que durante el año 2003, ocupó la República Dominicana.

La gerente de CONANI consideró que las políticas nacionales para contrarrestar el flagelo, deben iniciarse con la aplicación de las leyes existentes sobre la materia en los tribunales y en  esfuerzos para la prevención y protección de las víctimas.

Para contrarrestar los resultados de 2003,  se integró la Comisión Nacional que  integran varias instituciones nacionales y además se crearon las leyes 136-03 y 137-03.