La República Dominicana requiere estrictas normas y cumplimiento de protocolos para evitar faltas éticas en el ejercicio médico, específicamente en la excesiva colocación de dispositivos médicos cardiovasculares o stent en pacientes que probablemente no los requieren, según afirman algunos cardiólogos.
En algunas regiones, como en el Cibao, donde se argumenta es donde más se está utilizando ese dispositivo, se tienen registros de que a un solo paciente le han implantado hasta seis stent coronarios sin que se le haya dado la opción de una cirugía.
Al tema se refirieron médicos como los doctores Bernardo Defilló, Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Claudia Almonte, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, César Herrera, Carlos García Lithgow y Fulgencio Severino.
Evidentemente existe un problema ético en el ejercicio, por lo que se requiere hacer valer el cumplimiento de los protocolos y las normas generales establecidas, asegura el doctor Defilló, quien fue el primer superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
“Hay un abuso y un exceso en la indicación de colocación de dispositivos intracoronarios, conocidos como los stent”, afirmó al comentar la investigación de Hoy sobre la existencia de una práctica abusiva de un procedimiento carente de regulación.
Defilló asegura que el abuso es por razones económicas en beneficio de médicos o grupos económicos, pero debe distinguirse que el país tiene profesionales con seriedad y criterio en ese ejercicio.
“Los diagnósticos y procedimientos se han desplazado hacia la economía, se abusa de los diagnósticos y de la colocación”, asegura el destacado profesional de la cardiología.
Asimismo dijo que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) tienen una gran responsabilidad en la fiscalización y pago de estos procedimientos, lo mismo que la supervisión de la calidad por parte del Ministerio de Salud.
Los hallazgos. Datos obtenidos por Hoy dan cuenta que en ciudades como Santiago, el 70% de los cateterismos que se realizan a pacientes son ingresos por emergencias, por lo que se evade la fiscalización de las aseguradoras.
En Santo Domingo, el 70% de los procedimientos son programados, lo que hace que las aseguradoras puedan revisar su pertinencia, pues un comité revisa el expediente del paciente.
Si el procedimiento se hace por emergencia, la ARS no tiene tiempo de estudiar la pertinencia del caso, sobre todo si se realizan los fines de semana, asegura un auditor médico.
Defilló insiste que el tema se hace crítico cuando se revisan las estadísticas, pues en América Latina se evidencia un aumento significativo de las enfermedades coronarias con obstrucciones parciales que no ameritan intervención quirúrgica.
“En muchas ocasiones, si se revisan los casos, no es necesaria la intervención de un stens, dependerá del criterio del intervencionista y de los clínicos que lo acompañan”, asegura el médico.
César Herrera. Para el doctor César Herrera, el tema es de regulación y seguimiento a la calidad, una labor que compete a las autoridades. Puede haber médicos que hagan lo que quieran, pero si hay regulación y empoderamiento por parte de los pacientes, como ocurre en Estados Unidos, dijo Herrera al referirse al tema.
Está establecido en países como Estados Unidos, cuándo se hace el cateterismo y cuándo se interviene. Existen nuevas tecnologías y tratamientos como la reserva del flujo fraccional, la cual se hace durante el cateterismo y corrobora, si la lesión es severa y se requiere la colocación de stens o no se necesita.
“Se busca evitar colocar un stent a simple vista, se busca además, costo efectividad. La proporción entre cateterismos diagnósticos y la intervención con stent es de tres a uno”, asegura.
Herrera refirió que el país tiene forma de regular la práctica en donde haya problemas ético, ahí entra el ministerio y las propias aseguradoras.
“Eso es control de calidad en definitiva, se deben cumplir normas y protocolos”, asegura Herrera.
“Desde que hay un infarto muere el músculo, ya no hay beneficio de que esa área reciba oxigenación. Es ponerle un stent a un pedazo de carne muerta y eso es inútil e innecesario”.
Como la arepa. El paciente está atrapado entre los intereses de las aseguradoras y el de los médicos, asegura el doctor Fulgencio Severino, director del departamento cardiovascular del hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.
“De a acuerdo a los planteamientos de los seguros, lo que se dice es que llegan pacientes con supuestas lesiones en las arterias, y se les implantan varios dispositivos, lo que puede dar pie a una práctica corrupta”, afirmó el galeno.
Asegura que a partir de esa premisa existe un gran problema, porque las ARS envían los pacientes a una segunda opinión, no es que el paciente busque la segunda opinión, sino que el seguro lo pone a eso.
Esta situación, afirma el cardiólogo del Gautier, mantiene los expedientes acumulados en perjuicio de pacientes que podrían morir sin tratamiento o sin un procedimiento.
Regular. El Ministerio de Salud debe intervenir y regular a quien es que corresponde buscar una segunda opinión, asegura Severino.
Los seguros tienen un conflicto de intereses, para estar bien con su ARS el empleado que va a supervisar el procedimiento dice que solo se necesita intervenir una sola arteria, de ahí que se recomienda un equipo que evalúe, si se trata de pacientes estables, porque a los que son agudos no hay tiempo de analizar nada.
“Los seguros deben recomendar que si el paciente está estable lleve un informe de sus médicos tratatantes, porque no puede seguir muriendo gente porque se retrase el proceso a fin de ahorrar dinero por parte de las aseguradoras”, insistió.
Dijo que tampoco es ético hacer más procedimientos que el que el paciente necesite, porque se estaría sometiendo a riesgos y es preciso evitar fraudes, diciendo que existe una cantidad de lesiones que en realidad no afectan al paciente.
Roa defiende médicos. Para el presidente del Colegio Médico, Wilson Roa, la salud funciona como un “mercado persa, en donde la consigna es sálvese quien pueda”.
Insiste en que la culpa del problema corresponde al Ministerio de Salud y a las ARS, que tienen intereses distintos a los pacientes.
El gremialista no cree que los médicos sean responsables de la comercialización en que está sumergida una parte importante de la salud en el país, por el contrario, considera que los profesionales de la salud están atrapados en el mercado.
Indicó que el país tiene un grave problema de regulación, porque el Ministerio de Salud no hace su trabajo en materia de calidad y regulación del sector privado.
García Lithgow. El doctor Carlos García Lithgow, cardiólogo intervencionista, insiste en la necesidad de regular. “No recuerdo la última vez que inspeccionaron la sala de cateterismo en donde trabajo”.
El cardiólogo asegura que se debe revisar si el personal que trabaja en una unidad de cateterismo es el adecuado, “esa es una responsabilidad del Ministerio de Salud”.
“Debería haber en el Ministerio de Salud los expertos reales como tienen otros países que conozcan a profundidad el tema”, asegura García Lithgow.
Esos expertos no los tienen las ARS, ni la Sisalril. Se preguntó quién controla las ARS a la hora de autorizar una intervención. Lo propio se pregunta entorno a la capacidad del personal que forma los comités de alto costo. A su juicio, es el momento de que se haga valer el interés de los pacientes por encima de cualquier asomo comercial.
A su juicio, las aseguradoras no son inocentes en este conflicto, pues casi siempre, sobreponen el no erogar recursos y ponen en riesgo la vida del paciente que necesita tratamiento.
Antecedente. Durante los últimos tres años la República Dominicana evidencia un crecimiento vertiginoso en realización de cateterismos, angioplastias e implantes de stens en pacientes que real o supuestamente necesitan un procedimiento cardiovascular.
Cifras obtenidas en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), a través de la Oficina de Acceso a la Información, establecen que en el referido período se realizaron 20,507 procedimientos cardíacos, por los cuales las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) pagaron a los centros especializados RD$1,734 millones 868 mil 941.