De ser condenado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el caso “Narcisazo”, el Estado  tendría que incluir en su legislación penal la figura de la “desaparición forzada”, especializar un área del   Ministerio Público para investigar ese tipo de violaciones, y  redactar un “Protocolo Óseo” que permita la identificación de personas a través de exámenes de ADN. Así lo informaron ayer Francisco Quintana y Annette Martínez,  del Centro de Justicia y Derecho Internacional,  quienes indicaron que la audiencia pública para ventilar el caso en la CIDH será celebrada entre el 9 y el 17 de junio.

Afirmaron que el Estado  pudo evitar que la desaparición del profesor Narciso González fuera a una segunda instancia del sistema internacional, con solo haber cumplido las recomendaciones que le hizo la Comisión.

Revelaron que de forma confidencial  se le recomendó adoptar una serie de medidas que incluyen llevar a cabo una investigación diligente, reconocer que existieron esas violaciones de los derechos humanos, y reparar a la familia de González.

“En este caso, los hechos demuestran que el Estado dominicano no tomó esas medidas, y por eso tenemos que  debatir estos puntos  ante la Corte Interamericana en Costa Rica”, dijeron.

 Descartan suicidio. Los representantes del profesor universitario desaparecido en 1994, descartaron que la teoría del “suicidio” que se proponen presentar los testigos del Estado dominicano ante la  Corte Interamericana de los Derechos Humanos pueda ser acogida, porque según afirmaron no t pruebas que la sustenten. Asimismo, informaron que otros pedimentos que harán a la CIDH es que   el país garantice el acceso público a los archivos estatales sobre  violaciones graves a los derechos humanos, y  establezca un mecanismo único de registro en los centros de detención, sean policiales, militares o administrativos, que permita esclarecer si una persona desaparecida estuvo detenida. Esto facilitará que las desapariciones forzadas puedan ser esclarecidas y que los culpables paguen.