Más de la mitad de las mujeres con discapacidad en México, Guatemala, Argentina y la República Dominicana han sido víctimas de abusos físicos y más de la cuarta parte ha sido sometida a prácticas médicas sin su consentimiento.
Así lo afirmaron representantes de diversas instituciones de mujeres con discapacidad de los cuatro países que participaron en la última audiencia de las 30 que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santo Domingo.
Durante la audiencia “Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad en las Américas”, la representante de Disability Rights International, Priscila Hernández, presentó las violaciones que se dan en México contra los derechos de las mujeres discapacitadas.
“El Estado interfiere en la dignidad de las mujeres con discapacidad al aplicar métodos invasivos e irreversibles como la esterilización forzada y en violación a la Convención de las Naciones Unidas”, precisó Hernández.

En ese sentido, la representante del Círculo de Mujeres con Discapacidad en la República Dominicana, Cristina Francisco, denunció las pocas acciones que hay desde el Estado para garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad.
Pidió la puesta en marcha de un plan de acción que desde el Estado garantice los derechos, así como el cumplimiento de la Ley 05-13 sobre Discapacidad y el cumplimiento del Reglamento 007.

Denuncias de Venezuela. La sociedad civil de Venezuela denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actos de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, una práctica utilizada «como herramienta de represión y persecución política».
En ese sentido, solicitaron al Gobierno el cese inmediato de la aplicación de justicia militar a civiles y poner en libertad inmediatamente a los civiles presos por órdenes de tribunales militares.
El Gobierno Venezolano negó esas acusaciones a través del general Edgar Rojas, presidente de la Corte Marcial, quien afirmó que dentro de la Justicia Militar “se garantizan derechos”.
Los representantes de la CIDH recordaron que en tiempos de paz los civiles no deben ser juzgados por militares.
Señalaron que los militares están para proteger a la población y no para actuar contra civiles.