De nueve países de América Latina vinculados en el caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht, seis ya han anunciado sus iniciativas a fin de establecer quiénes fueron los funcionarios que se beneficiaron a cambio de que la empresa recibiera obras millonarias. Sin embargo, el procurador general, Jean Rodríguez, dice que el país está a la espera de la información oficial.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la compañía brasileña pagó millonarias sumas en dólares (788 millones) a funcionarios de alto rango en la región para agenciarse obras. República Dominicana y Venezuela figuran como los dos países que mayor suma de dinero recibieron con 92 y 98 millones respectivamente.
En Panamá, señalado con unos 59 millones de dólares, la Procuraduría indicó que solicitarán a los Estados Unidos los nombres de los oficiales del Gobierno que recibieron los recursos.
La presidencia anunció a través de un comunicado que respaldaba las investigaciones del Ministerio Público a fin de procesar y sancionar a las empresas y personas involucradas en el caso. También el fiscal general de cuentas, Guido Rodríguez, solicitó al contralor general auditar todas las obras que hizo la empresa en el período 2009-2014.

En Ecuador también se han tomado medidas, donde según los documentos los pagos ascendieron a 33.8 millones, se allanaron las oficinas que tiene la compañía Norberto Odebrecht en Guayaquil, mientras solicitaron asistencia penal a Brasil.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ordenó que se revisen los contratos luego de que se reveló que funcionarios habían recibido US$18 millones.
Quien parece llevar delantera en las investigaciones es Perú, cuyos funcionarios habrían recibido unos 29 millones. Según el fiscal de la Nación, Pablo Pérez, la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga desde noviembre el caso en colaboración con la Confederación de Suiza.
Según reportan medios nacionales, varios fiscales investigan al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro del Gobierno de Alejandro Toledo.

En Colombia el Gobierno dijo ser el primer interesado en que se llegue hasta las últimas instancias con el tema y se puso a disposición del Departamento de Estados de los Estados Unidos.
El Gobierno de México a través de la Secretaría de Función Pública y Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que están recabando todas la informaciones disponibles para establecer los beneficiados del soborno.