La clave para solucionar los problemas más mortificantes del país parece resumida en una palabra: reforma.

Pero nuestro éxito o fracaso al aplicar la fórmula dependerá del criterio en que basemos las reformas a emprender.

Ahora necesitamos, por ejemplo, una Constitución concebida en función de la continuidad del Estado.

Hasta ahora, lo que hemos estado haciendo es darle cancha a las coyunturas políticas, no a las necesidades institucionales.

La palabra clave también deberá servirnos para estructurar un sistema de enseñanza basado en el criterio desarrollista más moderno. Más que un plan para alfabetizar, necesitamos manejarnos con el criterio de que solo el conocimiento da progreso y crecimiento humano.

Nuestros criterios de crecimiento económico no pueden seguir siendo excluyentes, sin vías que transfieran la bonanza hacia los sectores más deprimidos.

Es obvio que una tarjeta «Solidaridad» o cualquier paternalismo social semejante no puede ser el vaso comunicante que se requiere para transferir bienestar hacia los más pobres.

Inclusive nuestro papel en el mercado global nos obliga a reformarnos.

Ha debido ser por vocación propia, y no por imposición de un tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), que nos aboquemos a ser transparentes en las contrataciones y compras públicas, en el otorgamiento de concesiones.

II

Nuestra capacidad de competencia tiene que ser transformada, y pasar desde la constante demanda de ventajas proteccionistas por parte del Estado a la de búsqueda permanente de la eficiencia por medio de la renovación y multiplicación del conocimiento y la tecnología.

Haríamos una lista interminable de cuestiones que requieren cambios, que estamos obligados a reformar para poder concebir un Estado moderno en capacidad de interactuar en condiciones honrosas en el mercado global.

Ya no podemos continuar manejándonos con una visión tribal.

Inclusive, tenemos que cambiar de manera dramática nuestra idea del consenso y las virtudes que le atribuimos cuando se trata del ordenamiento institucional, sobre todo cuando son minorías las que han de decidir por las mayorías.

Hasta estos días, la mayoría de las reformas que hemos emprendido han sido decididas por coyunturas y  en el peor de los casos por ambiciones grupales, como es el caso típico de la reelección presidencial acuñada en la Constitución por conveniencia de una facción política.

Tenemos que empezar a variar nuestra tendencia a ceder ante las coyunturas y los apetitos grupales.

Fundamentemos cada iniciativa de reforma en la necesidad de afianzar la continuidad del Estado y la permanencia y fortaleza de sus instituciones.