QUITO (EFE).- El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, supervisa ayer la seguridad en las provincias petroleras del nordeste e intenta «un acercamiento a la población» para que entienda lo grave de la huelga que paraliza la zona hace una semana.

Las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, en el nordeste de Ecuador, están bajo estado de emergencia y control militar desde el pasado miércoles, cuando el jefe de Estado, Alfredo Palacio, ordenó la suspensión de las garantías constitucionales.

La medida se adoptó ante las crecientes protestas de los pobladores del área, apoyados por las autoridades locales y regionales, en reclamo de recursos para el desarrollo, que provocaron que «la seguridad interna esté seriamente afectada», según dijo a EFE Jarrín en Quito, antes de partir a esa región.

Las manifestaciones se tornaron violentas y provocaron también la paralización de la producción de petróleo, que se está reactivando paulatinamente, aunque las exportaciones de crudo de Ecuador están suspendidas desde hace tres días.

La calma reinaba hoy en la ciudad de Francisco de Orellana, hasta donde se desplazó Jarrín junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Manuel Zapater, y el comandante general del Ejército, general Jorge Zurita.

Pese a ser el primer alto cargo del Gobierno que va a la zona de crisis, Jarrín, que reemplaza en el cargo a Solón Espinosa, que renunció el viernes a petición de Palacio, descarta cualquier papel de mediación.

«Las Fuerzas Armadas no son las encargadas de la mediación, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa se encargan de la política de defensa, de dirigirla en función de lo que ha dictado el presidente», agregó en la entrevista con EFE.

Jarrín anotó que, con su desplazamiento a la Amazonía, donde ha cedido la situación de «convulsión» que había ayer viernes, pretende verificar que se cumplan las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano de seguridad del Estado y que está encabezado por el Presidente.

La visita, dijo el ministro, «se puede interpretar como un acercamiento a la población, en el sentido de que se genere una conciencia de la gravedad de los daños que se están ocasionando, motivar a las autoridades de los gobiernos seccionales a que cumplan su función de acuerdo a la Constitución».

Además de las referentes al desarrollo en la Administración pública, las funciones «son también de velar y apoyar al orden interno», subrayó antes de añadir que «el orden es parte de la responsabilidad de todas las autoridades» y por eso debe intervenir también el Ministerio de Defensa.

La situación en la zona de crisis, en opinión de Jarrín, ha mejorado porque los manifestantes «se están dando cuenta del inmenso daño que han causado: el impacto social, económico y ambiental es inmenso y la población ecuatoriana es consciente de ello».

Frente a esto, «los dirigentes no son lo suficientemente conscientes de lo que están causando y, desde luego, están permitiendo que elementos infiltrados, agitadores, se aprovechen de la situación y caigan en el vandalismo, lo cual no va a permitir la fuerza pública», aseguró Jarrín.

Desde el Gobierno se ha asegurado que tras la huelga hay una perfecta planificación política y «casi militar», descripción que Jarrín, un general retirado del Ejército, explica porque «hay una simultaneidad, coordinación, orquestación de todas estas actividades de sabotaje técnico».

El ministro aseguró que los actos durante las protestas «no son obras de un tumulto o de una manifestación que se excede en su violencia».

«No se produce en las áreas urbanas, sino en las instalaciones y en los puntos sensibles, lo cual significa una premeditación criminal para lo que significa el valor estratégico de las instalaciones del país», como las petroleras, precisó.

No obstante, Jarrín no mencionó a personas o grupos que podrían estar detrás de estas protestas, que han dejado millonarias pérdidas económicas al haber afectado al petróleo, producto básico de la economía de Ecuador.