El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, encabezó una delegación del PRM que acudió ayer al bloque de sus diputados a respaldar la designación de una comisión en la Cámara de Diputados que investigue los RD$1,400 millones que el Gobierno habría pagado a Joa Santana y a Mónica Moura por asesoría estratégica en comunicación a la gestión del presidente Danilo Medina.
Declaró que la comunicación de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena en la que rechazan haber realizado los pagos por medio de las empresas Polis Caribe, S.R.L., y Cine & Arts2003, “es una admisión de culpa, la cual está plagada de imprecisiones, falsedades y justificaciones que pretenden engañar al pueblo dominicano”.
Los diputados perremeístas presentaron un registro de contrato certificado por la Contraloría General de la República para indicar que el contrato de asesoría en comunicación y planificación estratégica le fue renovado a Mónica Moura el 7 de enero del 2016, vía Secretariado Administrativo de la Presidencia, por la suma de US$1,200.000.00.
Señalan que el contrato estuvo vivente del 3 de diciembre del 2015 al 3 de diciembre del 2016, con la compañía Polis Caribe, S.R.L., una de las dos empresas que el PRM denuncia que recibieron los RD$1,400 millones.
Junto a Paliza participaron los dirigentes perremeístas Milagros Ortiz Bosch, Orlando Jorge Mera, Geanilda Vásquez y Franklin García Fermín, quienes apoyaron la postura que sobre el tema de Joa Santana y Monica Moura asumieron en la Cámara de Diputados sus legisladores Faride Raful, Francisco Javier Paulino, Agustin Burgos y Robinson Díaz.
En la rueda de prensa en el bloque del PRM, los diputados precisaron que lo más importante de todo es la admisión del Gobierno dominicano de que contrataron y continuaron realizando pagos a Santana y a Moura, “según la carta depositada por Presidencia ante el Congreso Nacional, en la que reconocen un monto de RD$403 millones, luego de que ambos estaban presos por el caso de corrupción”.
Calificaron de exorbitante la suma que el Gobierno admite que pagó a Joao Santana y destacan que necesita ser investigada. “ Esto viola la Ley de Lavado de Activos vigente de ese momento y la Ley de Contrataciones Públicas”.
Demandan de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa “iniciar una investigación de oficio inmediatamente”.