El senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, anunció ayer su renuncia a las exoneraciones que le corresponden como legislador, e instó a sus colegas a que hagan lo mismo.
Su criterio es que la “sociedad dominicana solicita ejemplos de su clase dirigencial y, en tal sentido, estamos dando un poco de nosotros para poder satisfacer las demandas de una sociedad que aspira a más de sus dirigentes”.
Su aspiración es que los demás senadores sigan el ejemplo y también renuncien a dicho privilegio.
Para él hay temas más importantes que el de las exoneraciones, y son ésos los que deberían motivar las discusiones alrededor del Presupuesto General del Estado para el 2018.
“Tenemos que discutir un sinnúmero de temas que son siempre recurrentes. Ojalá que nosotros podamos dialogar con la sociedad de manera abierta, sobre esos temas que en algunos casos se entienden como privilegios”, apuntó.
En tanto, el senador de Azua, Rafael Calderón, defendió las exoneraciones, pero limitadas.
Su concepto es que la ciudadanía cuestiona a los legisladores por recibir exoneraciones, mientras los funcionarios del Gobierno andan en lujosas yipetas otorgadas por el Estado.
“Estoy de acuerdo en que no sea ilimitada, pero debe haber un mecanismo”.
“Los legisladores tenemos que viajar dos y tres veces a las provincias, en la semana. ¿Por qué a los funcionarios del Poder Ejecutivo no les cuestionan que tengan un vehículo, o dos o tres, y al legislador hay que cuestionarlo porque tenga un vehículo?”, reflexionó.
Calderón resalta que algunos funcionarios ganan hasta seis veces más que los legisladores.
Además de ese argumento, aduce que los funcionarios de las altas cortes también tienen vehículos y, sin embargo, no son cuestionados. Y otra cosa: los legisladores son los encargados de aprobar el Presupuesto del Estado.
¿Cuál es la solución para él? Las exoneraciones deben tener un tope fijado por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo, considera el senador.
Otra opción: que las cámaras legislativas consignen en su presupuesto una partida para adquirir vehículos a favor de los congresistas.
La razón es que el Presupuesto General del Estado es aprobado por el Congreso y no por el Gobierno.
Calderón deplora que la ciudadanía solo cuestione a los legisladores, mientras funcionarios de otros poderes gozan de privilegios y yipetas suntuosas.
Reforma constitucional. Para él es aún prematuro hablar de modificar la Constitución para permitir una nueva repostulación del presidente Danilo Medina.