El domingo último, en dos lecturas consecutivas y previa declaratoria de urgencia, la Cámara de Diputados aprobó una ley que establece el sistema de elecciones primarias en los partidos políticos, para los fines de selección de candidaturas a posiciones públicas electivas.

El mismo día, para fines prácticos último de su ejercicio constitucional, el entonces Presidente Hipólito Mejía promulgó la legislación en cuestión, con lo que la misma adquirió plena y absoluta vigencia.

¿Pero, por qué llaman nuestra atención estos sucesos que corresponderían a las facultades de los dos poderes actuantes, es decir, Legislativo y Ejecutivo?

Lo primero es que dicha legislación fue diseñada en marzo del presente año y presentada al Senado por un senador oficialista, sin que en ningún momento se consultara a los demás partidos políticos y mucho menos a la Junta Central Electoral (JCE), tribunal al que dicha legislación confiere facultades interventoras en los asuntos internos de los partidos políticos.

Un Considerando de dicha ley pretende justificarla invocando la necesidad de instaurar la democracia en los partidos, pero el espíritu de la legislación desploma sus propias justificaciones desde el momento que establece que la JCE deberá organizar y dirigir las primarias de las agrupaciones políticas.

Por su origen y procedencia y aunque podría presumirse que lo que es igual no es ventaja, la ley en cuestión parecería un arma que procura fines específicos en la pugna interna que afecta a uno de los grandes partidos del sistema.

-II-

En las circunstancias actuales, la JCE se prepara para iniciar un proceso de automatización de registros y procedimientos que la mantendrá profundamente atareada. ¿Por qué pretender involucrarla en asuntos internos de los partidos políticos, hasta el grado de tener que dirigir sus elecciones primarias para escogencia de candidatos a cargos públicos electivos?

No es extraño que en un país en que se han realizado reformas a la Constitución que han sido traje a la medida para alguna facción política, se pretenda ahora involucrar a la JCE y las juntas municipales en tareas que les son impropias y que les conferirían un papel invasivo en asuntos partidarios.

Creemos que la JCE deberá reaccionar ante esta aparente inocentada que pretendería, según sus auspiciadores, afianzar la democracia interna de los partidos políticos. Y estos últimos, que son el soporte de la democracia del país, deberían dejar escuchar también sus pareceres sobre este asunto en particular y para el cual no fueron tomados en cuenta.

La premura en la aprobación y promulgación de una ley para cuya elaboración y sanción jamás se consultó a interlocutores de primer orden, como la JCE y los partidos, parece realmente un «palo acechao» de último momento, en el que ha jugado papel estelar la correlación de fuerzas representadas en el Congreso.

Es una necesidad real que en el país se establezca una ley que regule la formación, vigencia, evolución y extinción de los partidos políticos, pero deberá concebirse sobre la base del concierto de las voluntades y pareceres de la JCE y las organizaciones políticas, con transparencia, sin palo acechao.