El sindicalista y político Juan Hubieres denunció que empresas y grupos sindicales o no, se benefician ilegalmente de las exoneraciones de nadie sabe cuántos millones de galones de combustibles, desviando el destino de esas ventajas hacia el mercado de consumidores, afectando a quienes trabajan en los mismos renglones de negocios.
Esos desvíos de los beneficios que concede el gobierno afectan directamente a la competencia. Lo más preocupante es que aquellos que se dedican a las mismas actividades nunca denuncian esas irregularidades, porque aspiran a obtener y obtienen, ventajas similares mediante cabildeos, tráfico de influencias y otras formas de corrupción.
Esos subsidios, esas exoneraciones, contribuyen a que la operación de empresas, industrias, sindicatos de choferes, hospitales y clínicas privadas, universidades y toda suerte de negocios, tengan una ventaja sobre otras operaciones de negocios similares, que carecen de esas canonjías.
De una y otra forma los gobiernos se han prestado a beneficiar a unos en perjuicio de otros. Todo se hace en nombre de la competitividad y en un supuesto beneficio al pueblo mientras el gobierno, supuestamente, se “perjudica” al dejar de obtener los impuestos y pago de aranceles correspondientes a subsidios y exoneraciones. Por supuesto que el asunto se equilibra mediante nuevos impuestos que pagamos quienes no nos beneficiamos de las acciones del gobierno.
Ese entramado de mercedes, concedidas por leyes especiales o mediante disposiciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en poco benefician, si benefician, al consumidor final que es quien paga las cuentas en sus actividades cotidianas.
Una parte de los negociantes y empresarios aprovecha los resquicios legales que los favorecen sin que pasen al consumidor la proporción de subsidios y exoneraciones.
Aunque el gobierno contribuya a la operación del transporte de pasajeros o de carga, por ejemplo, los precios de los servicios se mantienen altos, difíciles, medalaganarios y arbitrarios.
Y aunque se mantienen y se aumentan los privilegios en favor de sectores productivos o de servicios, los precios de los productos no reflejan, nunca, una mejoría.
El costo que se paga por la ineficiencia en la República Dominicana es tan alto que, me permito citar dos ejemplos: me refiero al deservicio de la corporación de electricidad y al desorden en el tránsito de vehículos y en el transporte de pasajeros.

Ha sido preciso que miles de familias se agencien una planta eléctrica para paliar los apagones, así como la compra de más de una unidad de vehículos para acudir al trabajo, a la escuela.

Mientras, el país es desangrado por subsidios, exoneraciones, una corrupción creciente y una indiferencia ante los privilegios que reciben algunos y continúan el deservicio eléctrico, la inexistencia de un transporte colectivo organizado, eficiente, limpio y decente, to ta bien, en el camino se arregla la carga, pero ¿cuándo?