Sin asumir con valentía que debe ponerse fin a la bancarrota en que sobreviven proveedores institucionales de agua y luz que amenaza las finanzas públicas con naufragar, persistirá el perfil de chivos sin ley de quienes consumen esos bienes con desconsiderada gratuidad ni habría correctivos para la distorsión de un fisco aprovechado masivamente como un barril sin fondo.
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Algunos esfuerzos por sobrepasar la cultura de no exigir comportamientos responsables para extinguir el padrefamilismo deben conducir a la tolerancia cero a defraudar el buque en que navega la nación: la República. La particularidad de hacerles fullería a los acueductos y a las Edes no puede estar por encima del interés nacional. Eso de reclamar información puntual que serviría para confirmar o negar el civismo de empleados públicos no debería ser objetado por algún sector con un escudo que parece describir como «sacrosanta privacidad» esconder incumplimientos de obligaciones sociales. El derecho a meter bajo de la alfombra el impudor de consumir bienes públicos como si no fueran de nadie prolongando déficits que como bumeranes retornarán al pueblo entero incluyendo a quienes sin excusas ni abusos de confianza pagan para ser bien servidos. Equiparar el requisito de confirmarse como buen pagador de servicios públicos y digno servidor del Estado con el acceso a informaciones de estricto dominio personal que merecen todo el respeto del mundo viene de una atrevida confusión del populismo exhibicionista.