Palos de ciego en la
reforma tributaria

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Con asombrosa incoherencia el gobierno se enfrenta solo a una oposición sin precedente a mayores impuestos dando palos de ciego y perdiendo credibilidad.

POR JUAN BOLIVAR DIAZ
El balance de la semana no podría haber sido peor para el gobierno del presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras un discurso que no pareció convencer a nadie sobre la procedencia de su tercer paquete fiscal en poco más de dos años de gestión.

Lo peor ha sido la incoherencia en que han aparecido sumidos los principales funcionarios gubernamentales, que a las 24 horas del discurso del Presidente de la República, plantearon una revisión de los impuestos apenas esbozados, para al día siguiente contradecirse.

Al negar que hubiese exceso de gastos perdió credibilidad la promesa presidencial de reducirlos en 17 mil 500 millones de pesos el próximo año y prevaleció en la opinión pública el criterio de que sólo se busca mayores recursos para proseguir una ejecutoria que el país no está en condiciones de financiar.

Todavía sin proyecto

Tres semanas después de su anuncio desde Washington, todavía no se concreta el proyecto de “rectificación fiscal” y lo que prevalece es una enorme confusión y un mar de incoherencias gubernamentales.

El discurso del presidente Fernández el martes estaba destinado a presentar el proyecto de nuevos impuestos, lo que en gran medida hizo, pero a las 24 horas y tras una reunión en el Palacio Nacional su Secretario Técnico, Temístocles Montás, salió diciendo que se había creado una comisión especial para introducir nuevas figuras impositivas en sustitución de algunas consideradas “improcedentes”.

El influyente funcionario palaciego se negaba a identificar las improcedencias, pero afirmaba que habrá nuevos cambios. La opinión pública no se reponía de la sorpresa, cuando el jueves el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, juraba que “aunque lo diga Jesucristo” no habrá modificaciones a los impuestos planteados por el presidente Fernández. “Como tampoco  hay impuestos improcedentes”.

Otro que había contribuido a la confusión fue el representante local del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ery Offerdal quien, al salir el miércoles de una reunión en el Palacio Nacional con Montás y Bengoa, elogió el discurso presidencial de la víspera, pero precisando que “hay que perfeccionar las estimaciones y detalles” de la rectificación tributaria, lo que pareció inscribirse en la línea del Secretario Técnico.

La semana concluye sin que se hayan precisados los productos a los cuales el gobierno aplicará la tasa del 16 por ciento del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITBIS. La “re-rectificación” anunciada por Temístocles Montás” está relacionada con el duro rechazo que 35 organizaciones empresariales formularon al plan impositivo del gobierno apenas horas después de conocerse.

También habían producido asombro las declaraciones del Secretario de Finanzas al día siguiente del discurso presidencial en el sentido de que la rectificación fiscal o tributaria había sido preparada “a punta de revólver” por las presiones del FMI que quería que gravaran con el ITBIS “hasta el aire.”

Un discurso infortunado

Por los planteamientos de rectificación y las reacciones negativas que generó en la opinión pública, el discurso del martes del presidente Fernández debe ser uno de los más infortunados para un gobernante que ha exhibido una excelente capacidad discursiva.

La estrategia publicitaria que lo precedió estuvo marcada por declaraciones del equipo económico que apuntaban a mucho más que “la rectificación” anunciada en Washington para recuperar los recursos que había recortado el anterior Congreso Nacional en la reforma tributaria de hace un año. Hablaron de 7, 9, 12 y hasta 18 mil millones de pesos adicionales.

Esa línea fue reforzada con la presentación en el Palacio Nacional de los técnicos del FMI. Andy Wolfe llegó a plantear que lo procedente era una reforma de fondo para no tener que repetirla, sugiriendo aplicar el ITBIS a todos los productos y servicios. Posteriormente se filtró al Listín Diario un proyecto atribuido al organismo internacional donde se consignaban gravámenes por 28 mil millones de pesos.

En ese contexto se esperaba que al presidente salir con impuestos por tan sólo 17 mil 500 millones de pesos todo el país respiraría aliviado y al menos no habría gran oposición. Por eso el comunicado de tajante rechazo de las organizaciones empresariales pareció aumentar el desconcierto en el equipo económico gubernamental.

El documento ratifica la convicción de que “la situación fiscal para el 2007 es manejable con la estructura tributaria actual, si las autoridades se concentran en mejorar la gestión, racionalizar el gasto y focalizar los subsidios”. Reclama congelar el monto presupuestario, incrementar el cobro de la energía, reducir y focalizar los subsidios a la electricidad y el gas propano, aplicar la ley de compras y contrataciones del Estado, disminuir y penalizar la evasión fiscal y una administración pública eficiente y austera.

Errores de cálculo

El discurso presidencial incurrió en dos errores de cálculo fundamentales: primero negó que el gobierno haya incurrido en exceso de gasto, afirmando que ha mantenido un “estricto control” del mismo, con lo que perdió credibilidad el planteamiento de que lo reduciría en 17 mil 50 millones de pesos el próximo año, suma similar a los nuevos impuestos esbozados.

En segundo lugar atribuyó a irresponsabilidad, insensatez, murmuraciones  y hasta mala fe la oposición a nuevos impuestos, pretendiendo atribuirla tan solo a los partidos opositores, ignorando el firme rechazo empresarial, de sectores sociales y hasta religiosos. Olvidó también  que fueron funcionarios gubernamentales y técnicos del FMI incentivados por el gobierno quienes alarmaron al magnificar su proyecto de reformas tributarias.

El presidente pasó por alto que quienes primero denunciaron el exceso de gasto corriente, estimado sobre el 50 por ciento en dos años, particularmente de personal, de representación, de publicidad y otros, fueron dirigentes de la Asociación de Jóvenes Empresarios, de los industriales de Herrera y la misma presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella.

Para contradecir la opinión pública, el presidente Fernández se aferró a un  cuestionado informe del Banco Central según el cual la nómina del gobierno central a septiembre pasado era de sólo 317 mil 884 empleados, 9 mil menos que dos años atrás. Y las de las instituciones autónomas y descentralizadas 36 mil 887, 4 mil 348 menos. 

Contradictoriamente, la Contraloría General de la República, que en esa materia es fuente primaria y fundamental, mucho más que el Banco Central, cuantificaba hasta octubre los empleados del gobierno central en 358 mil 142 y los de las entidades autónomas y descentralizadas en 98 mil 782, detallándolos por cada organismo e incluyendo los salarios, en su sitio de internet.

El total de los empleados estatales, 456 mil 924 según la Contraloría, supera en 102 mil 153 la cifra ofrecida por el presidente. El aumento en los últimos dos años es estimado en más de 58 mil, en gran proporción durante los primeros meses de este año, durante la campaña electoral, como denunciaran empresarios y economistas.

Pérdida de credibilidad

Otro error de la alocución presidencial consistió en magnificar el monto del recorte que hizo el Congreso Nacional a su proyecto del año pasado, después que hasta los voceros empresariales habían advertido que se les dio compensaciones. Aunque los funcionarios habían hablado de 7 mil millones de pesos menos, ahora el doctor Fernández lo elevó a 10 mil millones.

En realidad el Congreso redujo el paquete original del gobierno en 7 mil 360 millones de pesos, básicamente al excluir productos de consumo masivo a los que se extendía la aplicación del ITBIS, como el azúcar, aceite, café, cacao y chocolate, maíz, insecticidas, insumos pecuarios y de bienes de capital agropecuario y otros.

Pero en compensación, se aprobaron otros impuestos que aportarían 4 mil 180 millones de pesos, para dejar en sólo 3 mil 606 millones de pesos la reducción a la propuesta del gobierno, específicamente, la elevación del impuesto sobre la renta del 28 al 30 por ciento, aumento a diferenciales de los combustibles, gravamen a la primera matrícula de los vehículos y aumento del impuesto selectivo a los electrodomésticos.

Al presidente Fernández se le olvidó además que bajo el alegato de la reducción fue que extendió hasta el 30 de junio la aplicación del recargo cambiario a las importaciones que según lo aprobado debía terminar el 31 de diciembre del 2005. Es obvio que ese cobro durante 6 meses dio al gobierno más del doble que la reducción de 3 mil 606 millones de pesos.

La propuesta de impuestos anunciada el martes por el Presidente incluye el polémico gravamen de los artículos de  consumo masivo excluidos el año pasado por el Congreso, pero también restablece el 10 por ciento de impuesto a los seguros, que se les quitó esa vez  pero aplicándole el 16 por ciento del ITBIS, con lo que ahora serían penalizado con el 26 por ciento, como si fuera un lujo asegurar la salud personal, una empresa, propiedad o vehículo. Se dice que este está entre los “improcedentes”.

El sector turístico, al que el año pasado se elevó el ITBIS, y se le gravó con 5 dólares por cada turista, se le afectaría ahora con un nuevo impuesto del 5 por ciento al costo de las habitaciones, que existió hasta 1998 cuando se cambió por el ITBIS, además de las repercusiones del alza de los seguros y del selectivo a las bebidas.         

Aunque el presidente Fernández prometió reducir gastos por 17 mil 500 millones de pesos, muchos piensan que quedaría en una promesa más, similar a las que formuló en su discurso inaugural del 16 de agosto del 2004. Se echó de menos que ignoró los reclamos sobre los subsidios a la electricidad y a la energía, que este año han consumido unos 8 mil millones de pesos más de lo presupuestado.

Entre analistas económicos y políticos y en sectores empresariales queda la impresión de que esta vez el discurso del presidente Fernández en vez de abonarle respaldo, le provocó rechazo y pérdida de credibilidad. Y las incoherencias posteriores dejan todas las interrogantes sobre el real proyecto de reformas tributarias y el rancho ardiendo.-