Ilopango, El Salvador. AP. Marvin González se pasea tranquilamente por un balneario turístico próximo a la capital de El Salvador, en la ribera del lago de Ilopango. Saluda a tenderos y vecinos mientras contesta sin parar dos teléfonos celulares adonde le llaman los residentes del lugar en busca de ayuda en todo tipo de tema: desde decirle que un borracho no quiere pagar la cuenta de un bar a un intento de violación.

González no es jefe de la policía, ni siquiera un concejal del lugar. Este joven de 31 años, bajo de estatura pero de contextura fuerte y que maneja un discurso perfectamente articulado, es el líder local de la Mara Salvatrucha, una pandilla creada en California en los años 80 por migrantes centroamericanos y recientemente calificada por el gobierno de Estados Unidos como una organización criminal transnacional.

No es un fenómeno aislado que sólo suceda en Ilopango. Ocurre a lo largo y ancho de El Salvador: la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, su pandilla rival, son quienes detentan el poder de facto sobre muchas de las comunidades. Hace más de dos años las pandillas anunciaron una tregua sólo para detener los homicidios y el reclutamiento forzado de miembros. La sangrienta guerra que libraban en las calles se suavizó pero propició consecuencias no del todo esperadas: el pacto les dio oxígeno para centrarse en consolidar sus áreas de influencia y su poder.

Ahora, la tasa de homicidios ha aumentado de nuevo. Desde que la tregua se rompió en septiembre de 2013, el país tiene un promedio de diez homicidios al día frente a los seis que se registraban durante la vigencia del acuerdo. Para julio, la tasa subió a 11 homicidios al día.