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Imagen de archivo para referencia.
Una mujer vinculada a la supuesta red criminal conformada por policías, Miguelina Bello Segura, vendía municiones a haitianos, según la solicitud de medida de coerción de la denominada operación Pandora del Ministerio Público.
«De acuerdo con las evidencias recabadas por el Ministerio Público establecen que la imputada Miguelina Bello Segura, recibió para la comercialización decenas de cajas de municiones de distintos calibres para la venta de cada una al precio que oscila entre RD$5,200 y los RD$6,000, destacándose que esta se dedica a venderlos clandestinamente a nacionales haitianos, quienes la utilizan comúnmente en actividades criminales», dice la instrumentación.
El órgano acusador señala al coronel de la Policía Nacional, Narciso Antonio Feliz Romero, como el cabecilla de la supuesta red, y lo sindica como la persona que recibió dinero en efectivo de un miembro de menor rango de la institución, luego de presuntamente vender lo sustraído de la Intendencia de Armas de la institución.
En sus señalamientos, el Ministerio Público dice además que la mujer vendía las municiones en Pedernales, y que su exeposo era un reconocido comercializador de ese producto en el mercado binacional.
Este martes, el Ministerio Público destacó que el apoyo del Ministerio de Interior y Policía, la Dirección de la Policía Nacional y la Inspectoría General de la uniformada resultó fundamental para destapar lo que calificaron como una «caja de Pandora», en relación con el presunto entramado con el que los imputados sustrajeron de más de 900 mil municiones de la Intendencia de Armas de la uniformada.
El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, indicó que el caso continúa en investigación, lo que podría implicar ajustes en las cifras y la identificación de nuevos implicados. “El avance de las pesquisas determinará la incorporación de más personas al proceso, siempre en función de las evidencias que se vayan obteniendo”, señaló.
Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público llevará este caso «hasta las últimas consecuencias», resaltando la gravedad del delito y la importancia de proteger la institucionalidad del país.
