El país se encuentra en un momento que obliga a redefinir y adecuar los procesos en la aplicación del derecho inmobiliario para garantizar la seguridad jurídica a los usuarios.

Así se expresó Ramón Antigua, administrador de la Jurisdicción Inmobiliaria, durante el panel “Seguridad jurídica y desarrollo de operaciones inmobiliarias en República Dominicana”, que convocó a los diversos sectores ligados a las operaciones inmobiliarias.

De su lado, Wilson Gómez, juez del Tribunal Constitucional, destacó que actualmente la mayor deficiencia del sistema de registro de propiedad inmobiliaria es la falsificación documental.

Sin embargo, Gómez manifestó que no es un problema particular del sistema inmobiliario porque “donde quiera que se manejan títulos de valor, hay amenazas”.

Sobre las garantías que ofrece el principio de legalidad en los procesos judiciales, la jueza coordinadora de los Tribunales de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Catalina Ferreras, expresó que la certificación es el elemento fundamental para garantizar inversiones seguras.

Mientras, Rosabel Castillo, directora nacional de Registro de Títulos, sostuvo que ese órgano procura y enfatiza en la protección de la seguridad jurídica que conlleva cada una de las operaciones en materia registral. “Nosotros velamos por el cumplimiento de los principios registrales y la seguridad jurídica que conlleva cada una de las operaciones, para que no sea violentada por los aspectos que pudieran darse ante el incumplimiento del principio de legalidad”, puntualizó la funcionaria.

En tanto, Robinson Cuello, especialistas en derecho inmobiliario y registral, puntualizó que el país tiene la oportunidad de ser centro de interés para la inversión extranjera a partir de la seguridad jurídica que ofrezca el tráfico inmobiliario.

Además, manifestó que sin seguridad jurídica se viviría en un estado de incertidumbre y destacó que “de ahí la importancia de los sistemas registrales porque no se puede concebir una sociedad donde los sujetos no sepan quién es el dueño de una cosa”.

El evento constituyó el primer debate sobre la importancia de la seguridad jurídica que ofrece la Jurisdicción Inmobiliaria para el desarrollo de las operaciones inmobiliarias en el país y fue moderado por Harold Modesto Sánchez, coordinador de la Unidad del Poder Judicial del observatorio.

Fue organizado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo  (Funglode) para  debatir sobre las operaciones inmobiliarias.