Panel concluye la Liga Municipal
debe ser suprimida o transformada

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POR JUAN M.RAMIREZ
Un panel sobre municipalidad auspiciado por Participación Ciudadana llegó a la conclusión de que la Liga Municipal Dominicana (LMD) debe desaparecer o ser transformada.

Consideraron que la LMD es una entidad “parasitaria e inoperante”,  no aporta ningún beneficio a los ayuntamientos y donde el clientelismo se practica a su máxima expresión. En el panel, celebrado en el hotel Santo Domingo, expusieron sus consideraciones el senador peledeísta por Santiago, Francisco Domínguez Brito, el experto en asuntos municipales, Faustino Collado y Domingo Matías.

Coincidieron en que los ayuntamientos y los partidos políticos son cómplices de que ese organismo no funcione y que en vez de aportar a los municipios drene los presupuestos de los cabildos, ya que se queda con una buena parte de los recursos que deben llegar a las comunidades para la solución de los problemas básicos. 

El profesor Collado planteó la necesidad de que la LMD desaparezca, tras entender que esa institución fracasó en sus objetivos originales de ser asesora de los ayuntamientos. Lamentó que hasta la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) mantenga una actitud genuflexa frente a los actos bochornosos de la LMD y muchos cabildos hasta se opusieron a que el tema fuera tratado en el proyecto de ley de organización municipal que cursa en el Congreso.

Respaldó el proyecto del senador Domínguez Brito que plantea la revisión de todo el ordenamiento jurídico municipal y la construcción de un código municipal con el objetivo de fortalecer la autonomía de los cabildos.

Consideró que la Ley 166-03 contiene distorsiones en cuanto a la inversión de capital y que la LMD hace lo que quiere con los recursos que deben ser asignados a obras de interés en las comunidades. Definió como “una barbaridad” que los presupuestos de los ayuntamientos, para ser aprobados por las salas capitulares, previamente tengan que tener el visto bueno de la LMD.

Afirmó que la LMD viola hasta la Constitución de la República, en su artículo 83, que señala claramente que los síndicos y los ayuntamientos son independientes en el ejercicio de sus funciones. “Entonces, cuando la Ley 673 de 1965 y la 166 del 2003 dicen que los presupuestos de los ayuntamientos tienen que ser aprobados por la LMD es inconstitucional”, subrayó. Sostuvo que la otra gran distorsión de la LMD a los ayuntamientos es la que convierte a este organismo en caja de distribución de los fondos que otorga el Poder Ejecutivo a los cabildos.

Esa práctica comenzó en 1962 con la Ley 6139, siguió con las leyes 73 de 1963, 561 de 1964, 40 de 1966, 624 de 1973, 140 de 1983, 17 de 1997, y más recientemente con la 166 de 2003, dentro de esquema de gobierno contratista que no permite que los ayuntamientos  generen sus propios ingresos, ya que casi todas las recaudaciones van a las arcas nacionales para ser distribuidas por la rama ejecutiva.

Los panelistas coincidieron que de esa modalidad de distribución de los fondos municipales se ha beneficiado una burocracia ineficiente, políticos no municipalistas, allegados y familiares de algunos funcionarios de la LMD.

Precisaron que para mantener y aumentar esa fuente de acumulación de capital  y clientelismo, se aprobó en la Ley 166-03 una medida perjudicial para los ayuntamientos, que consiste en disponer para los gastos administrativos de la LMD de todo el 5%  que se le asigna del 10% que corresponde a los cabildos, cuando en la Ley 17-97, en su artículo 6, sólo podía  usar el 40% y el otro 60%  iba en auxilio de los municipios menos favorecidos.

Domínguez Brito sugirió, además, que sean fortalecidos los mecanismos de control de los ayuntamientos y que se cumpla el mandato de invertir el 40% del presupuesto en obras de infraestructura en las comunidades.

“El otro problema es que son muchos los municipios que reciben una alta suma de dinero para simplemente seguir alimentando el mismo clientelismo político que criticamos en la LMD”, expuso.

El senador Domínguez Brito precisó que el proyecto que presenta establece la auditoría anual obligatoria por parte de la Cámara de Cuentas que garantice la inversión del 40% de los ayuntamientos en obras.

“Establece que esta auditoría sea publicada y que la Cámara de Cuentas ponga en movimiento la acción pública contra los síndicos que no cumplan con la inversión señalada”, precisó.