Por MARIEN ARISTY C.
La regulación de los inmigrantes, la pertinencia de mantener pero restringir el «jus solis» y la redefinición de la nacionalidad a nivel constitucional fueron los tres aspectos que más se cuestionaron durante el panel «Nacionalidad y Políticas Migratorias», organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de la Reforma del Estado (CONARE) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

La ponencia principal del panel fue pronunciada por Wilfredo Lozano, cuyas opiniones fueron comentadas por el diputado Pelegrín Castillo y el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats.

Tras indicar que el problema de la migración haitiana no se resolverá con la reforma constitucional, Lozano afirmó que el asunto es tan complejo que ni siquiera se resuelve con la nueva ley de migración. Dicha ley, sin embargo, está llamada a controlar los procesos migratorios.

Sosteniendo que es necesario que el Estado tome en serio la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, Lozano recordó lo que sucedió en mayo del 2005 en Hatillo Palma, donde el asesinato de una dominicana generó una ola de violencia y deportaciones contra los haitianos. Pero la importancia de este caso, apuntó Lozano, es que reveló las fragilidades constitucionales del Estado en el ejercicio de la justicia y cuestionó su incapacidad de respetar el estado de derecho de los inmigrantes.

Y debe hacerlo, sostuvo Lozano, así como reclama que se respeten los derechos de los dominicanos que viven en el exterior: «no podemos como país articular una política emigratoria coherente, que defienda a nuestro nacional en el exterior y permita defender sus derechos ante otros países, si en el nuestro desconocemos esos mismos derechos a los inmigrantes haitianos».  Con una posición más dura, el diputado Pelegrín Castillo se quejó de que a pesar de que Haití es una zona de desastre en varios órdenes, sobre todo ecológico y sanitario, los países desarrollados aspiran a que la República Dominicana sea su «Estado «Pibote».

Tildando de irresponsables a países como Canadá, Francia o los Estados Unidos pues pretenden buscarle una solución dominicana a los problemas haitianos, Castillo sostuvo que la última esperanza de Haití es el presidente René Preval pero lamentablemente éste está gravemente enfermo. «Ellos saben que si no hay un compromiso serio de reconstrucción de Haití en Haití, a largo plazo, no es verdad que ese país va a salir a camino», dijo Castillo al tiempo de agregar que ese proceso es muy costoso.

Por otro lado, Castillo afirmó que en el país hay una política de fronteras abiertas que hace viable el contrabando y el tráfico de drogas y de armas. También propicia que cualquier extranjero llegue y desplace al dominicano en el mercado laboral. Por tal motivo, entiende que hay que parar la fuerte migración ilegal, regular a los extranjeros que ya están aquí, de manera que sólo se queden los que el país esté en capacidad de absorber;  y eliminar el «ius solis».

Para el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats el asunto el dilema se resume en una sola frase: «recibimos inmigrantes y exportamos seres humanos». Tras esta frase, Jorge Prats sostuvo que la negación de los derechos de esos inmigrantes articulará una minoría nacional. A esa minoría se agregarían los marginados del país, quienes también son excluidos por el Estado.

Respecto al «ius solis», al igual que lo había indicado Lozano, Jorge Prats entiende que debe mantenerse ese criterio básico de la asignación de la nacionalidad. Ambos, además, sostienen que es necesario que se concretice aún más.

Pasando al tema de la migración  haitiana, Jorge Prats tampoco cree que se resolverá con un cambio constitucional. «La nacionalidad es elemento más de una política migratoria y creo que debemos definir claramente esa política. El tema de la nacionalidad no debemos dejarlo únicamente a la derecha: la izquierda debe asumirlo también», apuntó el jurista refiriéndose al vecino país.

Terminada esta parte, algunos participantes hicieron comentarios: Tirso Mejía Ricart, quien acusó a las Fuerzas Armadas de legitimar la migración ilegal, al cobrar peajes para cruzar la frontera; y la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, segura de que el país debe ayudar a Haití en lugar de sentarse a esperar que las grandes potencias vengan en su ayuda.

También Eddy Tejada, que recordó que los haitianos hacen en el país los trabajos que los dominicanos no quieren; el doctor Cáceres, que cree en que debe «deshaitianizarse» y «desidiologizarse» el asunto haitiano; e Isabel Tejada, quien dio un voto de confianza a los haitianos y afirmó que no puede decirse que es un país inviable.