Panel ve un serio problema institucional

Panel ve un serio problema institucional

El sector eléctrico enfrenta un problema serio de institucionalidad que debe ser superado, plantea el panel de expertos internacionales contratados para rendir un informe al Fondo Monetario.

El panel plantea que hay sectores que tienen la percepción de que superintendencia de Electricidad no es independiente y ha sido politizada y que en el organismo coordinador del sector eléctrico hay conflictos de intereses.

Explica que en el sector privado se cree que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEE), tras la compra por parte del gobierno de las acciones de Unión Fenosa en Edenorte y Edesur, tiene poder para controlar el organismo coordinador.

El panel considera que este es un tema importante, pues que el organismo regulador tiene el papel supervisar la operación del sistema interconectado y es responsable de la administración de las transacciones comerciales en el mercado, incluyendo la asignación de capacidad carga entre los generadores, una mayor fuente de ingresos para las compañía generadoras privadas.

El panel informa que los nuevos integrantes del organismo que administra el sistema operativo del sector eléctrico está actualmente siendo seleccionado.

Advierte que ese proceso debe ser muy transparente y permitir la participación plena de todos los generadores.

El panel considera que mientras se selecciona el nuevo equipo, es aconsejable que la actual administración se mantenga bajo un contrato de asesoría a corto plazo.

Considera que las reglas y métodos del sistema deben revisarse con el fin de hacer su trabajo lo más transparente e independiente posible.

En cuanto a la compra por parte del gobierno de las acciones de Unión Fenosa en Edenorte y Edesur, el panel dijo que en el sector privado dominicano se considera que la operación fue una sorpresa total.

Señala que el estudio de un cruce de cartas entre el gobierno, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revela que la acción del gobierno estaba encaminada a intervenir la administración de las empresas Edenorte y Edesur, no a la compra de las acciones que tenía en esa empresa Unión Fenosa.

Con relación a los problemas de administración que se presentaron en las empresas distribuidoras, luego de la capitalización, el panel considera que el gobierno tenía la capacidad y la responsabilidad de evitar, a través de su participación en el consejo de administración, que la culpa se le atribuyera exclusivamente a Unión Fenosa.

Sobre la motivación que tuvo el gobierno para adquirir Edenorte y Edesur, el panel plantea que las entrevistas hechas a funcionarios públicos y el decreto emitido por el Poder Ejecutivo para privatizar el sector, descartan motivaciones ideológicas en la operación.

Señala que funcionarios públicos indican que la motivación fue financiera, aunque también había elementos políticos y sociales.

Las pérdidas fueron atribuidos a mala administración y descuido de Unión Fenosa.

Explica que funcionarios públicos suministraron informaciones sobre gastos exagerados de personal y sobre un bajo esfuerzo de recaudación.

Aún más, un funcionario dijo que Unión Fenosa contribuyó con la cultura del no pago a través de sus reclamos de subsidios en favor sectores de bajos ingresos.

También citó como una motivación de la operación la intranquilidad social por los apagones.

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