La falta de transparencia ha minado la confianza en el Gobierno. Que el Presidente de la República incumpliera un acuerdo con el sector empresarial para dejar sin efecto el pago anticipado del Itbis a las materias primas importadas es irrelevante frente a la confusión que generan decisiones contradictorias.

No se entiende cómo un Gobierno urgido de mejorar las recaudaciones para equilibrar su desbordado gasto clientelista puede al mismo tiempo incurrir en sacrificios como el que implica el congelamiento de la tarifa eléctrica. No es la única gran contradicción, aunque sí una de las más relevantes en momentos que se tienen como tan difíciles para las finanzas públicas.

De acuerdo con el superintendente de Electricidad, el Gobierno se sacrificará con más de RD$700 millones al absorber la variación en la tarifa eléctrica.

La decisión plantea múltiples hipótesis. En primer lugar, que el capital político prevalece sobre la estabilidad económica; en segundo, que no son ciertos, sino meros pretextos, los apuros financieros, y en tercero, que la subvención no es más que una estratagema publicitaria.

Los consumidores saben que la tarifa suele ser secundaria en el cobro del deficiente y costoso servicio eléctrico. Las facturaciones, de las que se ha quejado hasta el administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marranzini, son el mecanismo que determina el costo del servicio. Es complejo que un Gobierno que carezca de recursos, que tenga incluso que exponerse a violar las leyes para aplicar por vía administrativa una medida que en principio había sometido al Congreso, pueda darse el lujo que anunció el superintendente de Electricidad. Pero hay que decir que se trata de una conducta reiterativa, como se ha visto con el congelamiento de los precios de los carburantes.