Miguel Ceara Hatton dice Internet es una oportunidad, pero también una nueva forma de discriminación. Urge mayores esfuerzos para que la tecnología no sea convertida en otro instrumento de exclusión social
A las familias de bajos ingresos se les difficulta instalar el servicio de Internet en sus hogares porque las tarifas son tal altas que deben destinar una proporción tal de sus ingresos que les desequilibra el presupuesto familiar.
En algunas provincias, las familias con acceso a Internet deben destinar hasta 60% de sus ingresos para pagar el servicio mensual.
Entre los factores fundamentales que determinan esta discriminación de hecho, están el cobro de 28% de impuestos, más el alto precio del servicio por parte de las prestadoras. A esto se agrega que en aquellas zonas donde no existe cableado, el servicio es inalámbrico, el mismo es deficiciente pues depende mucho de las condiciones meteorológicas.
En el distrito municipal de Don Juan, provincia Monte Plata, con 8 mil habitantes, sólo ocho hogares tienen Internet. Uno de ellos es el de la familia Fernández-Castellanos, formada por el padre, la madre y dos hijas. La de 18 años estudia agrimensura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y la de 12 bachillerato.
La mayor viaja a diario a la Capital acompañada de su madre, quien estudia Educación también en la UASD, y el padre trabaja de conserje en una escuela local, c devengando RD$5000.
Hace cuatro meses, esta familia instaló Internet, para lo cual tuvo que pagar RD$2,000 por la suscripción a la prestadora del servicio y RD$750 mensuales, para conectar una computadora.
Otra familia de la comunidad de Don Juan, integrada por dos personas, la madre Rafaela Reyna y su hija de 24 años, Faffi Félix, estudiante de contabilidad, tuvo que pagar igualmente RD$2,000 por la suscripción a Internet y RD$1,000 mensuales, con otra compañía.
Explica que antes de instalar el Internet en su casa se conectaba 15 veces al mes en centros públicos donde pagaban entre RD$10 y RD$15 por hora. Sus ingresos son de RD$5,000 al mes, producto de las ventas de una pequeña fantasía, monto que se distrinbuye en el servicio de electricidad, gastos de la casa, transporte, la mensualidad de la universidad privada (RD$1,300) y otros gastos personales de ambas.
Opinión. El economista Miguel Ceara Hatton reconoce que la tecnología es una oportunidad, pero también una barrera invisible y una nueva forma de discriminación muy severa que se está creando, por lo que considera necesario mayores esfuerzos para que el acceso a la tecnología no sea convertida en otro instrumento de exclusión social.
La gran brecha en el acceso a la tecnología es el costo, basándose en que el Programa para las Naciones Unidas (PNUD) ha realizado varios cálculos que han determinado que para una familia acceder a una computadora más servicio de Internet tendría que disponer para ello de entre el 40% a 60% del salario mínimo, según la velocidad del servicio. Eso hace que alrededor de 60% de la población esté impedida de acceder a Internet, a pesar de que el discurso público y privado reconoce que es una herramienta vital para el desarrollo hoy día.
Otra traba citada por Ceara Hatton es la capacidad de las infraestructuras de redes, que impide a los residentes en la zona rural tener servicios de calidad.
Eso es porque, sencillamente, no tienen las redes, en lo que se ha avanzado, pero todavía hay muchas zonas del país en las que todavía no existen esas redes, y donde las hay, no son de banda ancha sino Dial- up.
Aunque reconoce grandes esfuerzos para llevar la tecnología a las zonas apartadas, como los centros tecnológicos instalados en zonas rurales por Indotel, estos carecen de mantenimiento, por lo que funcionan sólo por breve tiempo y por lo que fácilmente el servicio se deteriora.
Entonces, yo diría que esos son los grandes desafíos que hay en esta materia. Primero el acceso a la tecnología, el costo, que es muy alto, y la disponibilidad de redes, citó.
Ceara Hatton considera que si se logra bajar los impuestos a ese servicio, significaría un aporte importante a la brecha tecnológica que existe en la República Dominicana, específicamente en la zona rural.
Creo que hoy día, ni la computadora ni la tecnología ni su acceso deberían de pagar impuestos o pagar un mínimo, pero no pagar una tasa de casi 25%, estimó el economista.