AMPARO CHANTADA
Para el 2007, deseo ver un espacio colectivo y pluralista que lleve adelante la lucha por la reforma urbana. Es un deseo y una necesidad, la ciudad debe ser defendida y sus pobladores más aun. El 2006 vio muchos casos de atropellos y desalojos intempestivos de familias de sus terrenos y de sus viviendas en medio del debilitamiento de las organizaciones sociales por la cooptación política que prevaleció desde la ascensión al poder del PLD en 1996 y que el PRD ha seguido en el 2000 contribuyendo así a la postergación de luchas sociales que debía llevar el movimiento popular.

Ocupados en oficinas de desarrollo barrial o de modernización del Estado, esos líderes han sucumbido como otros a las tentaciones del Poder. El resultado: es que el movimiento barrial es impotente frente a los atropellos que, desde el Estado, se cometen a diario. Sin embargo, el problema social persiste y se deberá buscar una solución: Santo Domingo creció con golpes constantes de violencia, desde las ocupaciones “ilegales” toleradas hasta la ruptura de ese pacto social después de algunos años, para dar paso a renovaciones urbanas basadas en construcciones viales, monumentos urbanos y cortinas de bloques de apartamentos (Villa Juana, San Carlos) y las ventas de las tierras del Estado a promotores o desarrolladores que hicieron de la promoción inmobiliaria uno de los sectores económicos más dinámicos. Por otro lado, la política municipal se ha caracterizado por la construcción de paseos, áreas de juegos y ornato, que se han llevado todas, precedida de un saqueo forestal para sembrar palmas. Somos ciudad marítima, efectivamente pero en país tropical y la sombra es nuestra protección contra los rayos infrarojos del sol, pero nuestro sindico poco le importa, anda “montado”. Sin la convicción firme de que la ciudad es de todos, que la ciudad debe brindar oportunidades y no reducirlas, ni entorpecerlas, sin la convicción que la vivienda social es como la educación y la salud publica, parte de las políticas del Estado dominicano, ningún indicador de calidad de vida, de desarrollo social podrá evidenciar una mejoría. Al contrario, la permanencia de indicadores bajos en desarrollo humano, se debe a la negación de uno de los derechos civiles fundamentales de los dominicanos, que es el derecho a la tierra, a la vivienda y a la Ciudad.

Pero ninguna solución sectorial, como una ley de asentamientos humanos o la creación de una Secretaría de esos asuntos, podrá resolver ese handicap. Hay que partir de lo general a lo local, con la creación de un organismo de planificación física a nivel nacional, que ordene territorialmente y regionalmente las inversiones que contempla ONAPLAN en su presupuesto 2007. Ese organismo con vocación eminentemente técnica, pluridisciplinario con visión holística del espacio dominicano se encargaría de inventariar, clasificar, ordenar el uso de las tierras, prever las áreas de protección y definir su vocación, las necesidades sociales regionales y municipales en infraestructuras viales, viviendas y obras de consumo colectivo (hospitales, escuelas, áreas verdes) y de elaborar los planes de ocupación de suelos, tanto rurales como urbanos. Además, de elaborar una ley sectorial de asentamientos humanos, que tanto hace falta para así delimitar las ciudades, dotarlas de equipamientos que no puedan costear los ayuntamientos, evitar despilfarros innecesarios, prever los ejes viales a largo plazo, consolidar el registro de tierras y evitar los atropellos del ensanche Evaristo Morales o de Boca Chica. Dentro de esa ley se definirían los planes de ocupación de suelos, su densificación, su lotificación y en particular la dotación en espacios públicos, sean parques, áreas verdes o plazas.

De no hacer esa modernización, las políticas publicas sociales se realizan sin tomar en cuenta la base territorial, ecológica y social que abarca desde la distribución y repartición de los recursos naturales en el territorio nacional, su aprovechamiento, su biodiversidad, los riesgos naturales tomando en cuenta los factores climáticos, geomorfológicos, topográficos y sociales que conforman un paisaje local o paisajes regionales. No es posible un desarrollo turístico, agrícola, industrial y social sin un marco general que precise las condiciones naturales y las necesidades sociales locales y regionales, so pena de duplicar las inversiones (aeropuertos, golfs, puertos, escuelas, hospitales, asentamientos humanos) de castigar regiones o provincias por la no-inversión, de invertir sin rentabilidad (aeropuertos de Arroyo Barril, Higüero, María Montez) y de no crear los fomentos que las regiones desfavorecidas necesitan (frontera, montaña) para crear empleos y fijar la población.

Pese a que desde hace años está protegido en la Constitución el derecho a la vivienda digna, aun no cuenta con un marco jurídico ni con políticas que garanticen su protección en el nivel nacional y provincial.

Aunque nuestro país incorporó a la Constitución la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que en el artículo 21 establece que “la propiedad tiene una función social”, aún no es considerado en los fallos judiciales todo lo contrario, la fuerza del orden protege el especulador. Cada vez se vuelve más difícil el acceso al suelo urbano y a la vivienda adecuada para gran parte de la población, por falta de políticas que intervengan en el mercado para frenar la especulación y favorezcan la recuperación de tierras vacantes urbanas y rurales, con finalidad social.