Los sustentadores del libro Guinnes de marcas mundiales deberían emplazar una oficina permanente en la República Dominicana, en el entendido de que en este país, con mucha frecuencia, ocurren cosas dignas de ser asentadas en ese registro.

Una decisión de esa naturaleza sería útil por ser la República Dominicana un lugar en el que es posible sustraer 1,600 metros de verja ciclónica sin que nadie detecte tan audaz operación.

Y quizás pueda anotarse en ese registro el record de impunidad que ampara a quienes sustraen metales, sobre todo cables del tendido eléctrico en cantidades difíciles de transportar y almacenar sin ser detectadas.

Debería inscribirse en este libro el record de casos de actos de corrupción detectados por las autoridades y jamás castigados por la Justicia, y que quedan en una especie de limbo jurídico sin completar la fase de juicio.

Este es un país que tiene buenas marcas en materia de deficiencias de la energía eléctrica y los más altos costos de la misma, y debe haber record de incumplidas promesas de solución.

En resumidas cuentas, somos un país con predisposición por las marcas, por los records, y no nos vendría mal que Guinnes se ocupe de mantenerse cerca para capturar oportunamente aquellas ocurrencias que merezcan ser tenidas en cuenta, incluyendo la falta de respuestas de las autoridades ante tantas marcas quebradas.

Con firmeza

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Roberto Reyna, ha denunciado que las protestas efectuadas en estos días por un grupúsculo de estudiantes que han incurrido en actos de inmoralidad, estarían siendo financiadas por vendedores que operan en las inmediaciones del recinto académico.

La motivación que tendrían esos vendedores sería el cierre de dos de las puertas de acceso al campus universitario, medida tomada con el propósito de controlar el ingreso de antisociales, ajenos a la familia estudiantil.

Lo primero es que las autoridades universitarias deben sentirse respaldadas y estimuladas para sancionar los desmanes que han estado cometiendo algunos reductos estudiantiles, y con mayor razón aún si se comprueba que sectores externos habrían estado financiando estos desórdenes.

La baja estudiantil es un instrumento que tienen a la mano las autoridades universitarias para ser aplicada no solo en aquellos casos de bajo rendimiento académico, sino también para sancionar actos de mala conducta.

Ni los mercaderes de las inmediaciones de la UASD, ni los grupúsculos estudiantiles que han estado protestando de manera ofensiva a la moral, pueden hacer cambiar a su antojo el orden y la autoridad en este centro de enseñanza superior del Estado.

El principio de autoridad tiene que imponerse por sobre los estudiantes y quienes estarían financiando sus protestas por intereses muy ajenos a los de decenas de miles de estudiantes que tratan de forjarse el futuro mediante el estudio.