Las autoridades actuales y quienes aspiren a ejercer funciones públicas en el porvenir deben poner en agenda la eliminación de uno de los vicios que más pérdidas ha ocasionado al Estado.

La politización de los cargos públicos y de las contrataciones para servicios y obras han sido una fuente de pérdidas económicas difíciles de cuantificar, pero de mucho peso para la economía y las posibilidades de desarrollo.

Las sustituciones de personal calificado cada vez que la administración del Estado cambia de partido, y en las mismas circunstancias las rescisiones de contratos para servicios y obras perjudican la buena marcha del país, aparte de que en la mayoría de los casos se transgreden por esas vías disposiciones específicas, como la carrera administrativa.

Cada nueva administración hace sustituciones de personal que no en todos los casos obedecen a calificaciones técnicas, sino al clientelismo partidista, pago de favores políticos y otros compromisos. En esas circunstancias, mucha gente va a los cargos sin experiencia previa, a aprender de manera rudimentaria “lo que se hace”, las rutinas del día a día, y eso se toma tiempo que se traduce en dinero.

De la misma manera se cambia de suplidores y son recapituladas contrataciones para obras cuando ya a la parte afectada se le ha adelantado dinero que no siempre se recupera. En esos cambios generalmente el Estado sale perdiendo, entre otras cosas porque los nuevos contratados hacen sus recapitulaciones y ajustes para sustituir las anteriores.

—II—

Está probado que entre las discontinuidades del Estado y los cambios de personal y contrataciones se producen pérdidas en perjuicio del Estado. Por ejemplo, la construcción del edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República aumentó de costo debido a cuatro años de interrupción de los trabajos.

Casos similares son los de la reparación del puente Juan Pablo Duarte y la ampliación de la autopista Las Américas, cuyos costos han aumentado sustancialmente.

Así hay muchos ejemplos en los cuales el único perdedor, en términos económicos y de otras índoles, es sencillamente el Estado.

Es necesario que las contrataciones de obras sean preservadas aún cuando cambie el Gobierno o el partido que lo encarne. Esta preservación, naturalmente, estará condicionada al cumplimiento de los compromisos asumidos en cuanto a calidad, costo y tiempo de las realizaciones de que se trate.

En el caso de los cambios de personal, no tiene sentido ni asidero que un asunto de filiación política sea lo que determine la sustitución de personal con la capacidad necesaria para las funciones que haya estado desempeñando correctamente.

La despolitización en el caso de las funciones públicas técnicamente bien desempeñadas tienen el beneficio de la eficiencia y minimiza la tendencia a la “búsqueda” que caracteriza las improvisaciones. También en las contrataciones para obras y servicios son perceptibles los beneficios en términos de ahorro de tiempo y dinero.

Los tiempos demandan que la continuidad del Estado sea un punto de la agenda de prioridades de cualquier país con aspiraciones de progresar y crecer.