JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Cuando el presente Gobierno estableció que el peaje sería cobrado en un solo sentido y que costaría treinta pesos, nosotros hicimos la advertencia que ese era un movimiento «fríamente calculado», y que en un corto tiempo el retorno a Santo Domingo también costaría la misma cantidad.

Ahora, la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) está a punto de terminar, muy cercano a la entrada de la carretera que conduce a Moca, una flamante construcción con sus casetas de cobro para un peaje, que contrario a la ley que lo creó para mantenimiento general de las carreteras, será destinado en su totalidad, a repagar préstamos contraídos con el Banco de Reservas de la República Dominicana, entidad recaudadora y que por supuesto, ni siquiera le deja caer una «boronita» a la SEOPC para mantener la más importante vía nacional, Santo Domingo-Santiago, la cual se deteriora a pasos agigantados por los torrenciales aguaceros que las diferentes vaguadas han provocado recientemente en todo el país.

El problema se agudiza, cuando el presente Gobierno trata de imponer peajes en vías de comunicación terrestres que no ha construido y que se supone su costo de construcción ha sido depreciado hace ya muchos años. Es el caso del peaje que se ha tratado de construir en la carretera Mella entre la entrada de San Luis y San Isidro y que ha traído graves enfrentamientos entre las autoridades y los lugareños. Además, entendemos que tal acción es violadora de nuestra Constitución, la cual establece el derecho de libre tránsito. En países en donde se han construido autopistas de peaje, existe una carretera, a veces con las mismas características que la de peaje, pero sin los extras que supone, servicio de grúa, teléfono cada kilómetro, áreas de servicio gratuito, paraderos, verja protectora durante todo el trayecto y velocidad permitida por encima del promedio. Esto permite mayor seguridad y ahorro de tiempo en los traslados de una población a otra.

La distorsión existe cuando se destinan los recursos percibidos por el derecho de rodamiento que debieron por ley ser invertidos en el mantenimiento y reparación de puentes y barandas, líneas separadoras de carriles y señalamiento, se destinen a pagar préstamos tomados para fines ajenos a los especificados en la ley. Que conste, que no tenemos ninguna animadversión contra el Banco de Reservas, pero entendemos que esa entidad no está en capacidad, si se obligase a hacerlo, de cobrar los préstamos otorgados al Estado Dominicano y también dar el mantenimiento vial.

Establecer peajes como un medio de resarcirse de la inversión en vías de comunicación a la cual está obligado el Estado Dominicano tiene sus reglas. No se puede imponer un peaje en una carretera que no tiene la característica de una autopista, como es el caso de la carretera Mella hacia San Pedro de Macorís y de la carretera Sánchez que conduce a San Cristóbal, en donde las mismas serpentean entre caseríos, bancas de apuestas y comercios informales a todo lo largo de la ruta con el consiguiente peligro que constituye el movimiento de personas y animales.

Entendemos y consideramos plausible, la construcción de la autopista Km. 14 de las Américas a Rincón de Molenillo en la península de Samaná, por ser ésta construida con los parámetros de una autovía y con recursos del sector privado. Además, el usuario no estaría obligado a utilizarla, ya que existen carreteras alternativas, como es tomar la vía por Piedra Blanca hasta Pimentel, o seguir por el Cruce de Controbas hasta San Francisco de Macorís.

Otra autovía a la cual apoyamos, es la denominada Autopista del Coral. En la actualidad, trasladarse desde Santo Domingo a Bávaro o Punta Cana significa emplear al menos unas cuatro horas, por un trayecto de alrededor de doscientos kilómetros. La duración de este recorrido podría reducirse con esa autopista a menos de dos horas con el consecuente ahorro de hora/hombre, combustible y seguridad. Aunque entendemos, que el mayor logro lo consistiría en evitar el estrés del peligroso tramo Higuey-Bávaro en donde cientos de autobuses de los llamados «banderitas» que transportan el personal de los hoteles, transitan a velocidades inauditas para este tipo de vehículo que ya había sido descartado en las escuelas de los Estados Unidos de América por haber cumplido su tiempo de utilidad y que a cada momento se ven involucrados en accidentes fatales de tránsito.

No sabemos cuál será la reacción de los usuarios, quienes además han tenido que afrontar la subida del precio de los combustibles y las piezas de recambio de sus vehículos. Si para el conductor de un vehículo ligero el ida y vuelta resulta en sesenta pesos, para el conductor de un vehículo de carga de tres ejes, resulta en doscientos pesos, una suma que estamos seguros que los transportistas no estarían dispuestos a pagar. Recordemos, que en tiempo del doctor Balaguer, los transportistas de carga pesada paralizaron el país y hubo que dejar sin efecto el alza de los combustibles. Son tiempos idos, pero podrían fácilmente volver.