MANUEL A. FERMÍN
Los pocos dominicanos que han tenido acceso a conocer con detalles los daños infligidos a la República durante la gestión perredeísta, pueden valorar el verdadero alcance de esta hecatombe. De aquí que la inmensa mayoría que votó por el PLD lo hizo por lo que percibía y no por lo que sabía. No hubo una revelación de la herencia, más bien un descargo ha sido lo que hemos visto, por tanto, no podrían apreciar con justicia los logros obtenidos. Si las razones eran las debilidades institucionales, la gobernabilidad, la concertación y concordia nacionales, entonces ya superadas estas condicionalidades, estamos en tiempo de justa reclamación pues los experticios están hechos y documentados por las autoridades.

Los que aspiran a ser validados están tan envalentonados y con tanto entusiasmo, que lucen como si la patria necesitara de sus pésimos servicios nuevamente. Prueba de su renovado impulso es la peregrinación de personeros del PRD por las instituciones reclamando informaciones sobre el manejo de los asuntos públicos, cuando precisamente constatamos lo que de estas faciones ambiciosas son las consecuencias de sus hechos.

Retener una treintena de auditorías comprometedoras contra los bienes públicos es un acto de flaqueza y debilidad realmente de proporciones apocalípticas para combatir la corrupción. Echar en la bóveda de Alí Baba ese compendio de chapucerías es un crimen contra la decencia y el manejo del erario.

Imagínese el lector lo que sería multiplicado por treinta y cinco veces, encontrar en una institución del Estado deudas por mil ochenta y un millones de pesos, veinte y seis millones de pesos en deudas por servicios telefónicos, seis millones en cheques sin fondos, sobrevaluación de equipos adquiridos por préstamos atados a altas comisiones, robos de equipos de comunicación valorados en millones de pesos, compras complacientes de propiedades a conmilitones y amigos, desguase de maquinarias pesadas para luego ser adquiridas como chatarras, fomentar el comercio ilícito de bienes, y silencio más por razones de espacio, y que la justicia no pueda conocer estas inconductas es realmente frustratorio.

Los jueces se han quedado con el “moño hecho”, no le llegó “carne de presidio” como acuñara un conspicuo ex funcionario cuando se jactaba de “diseñar todo un plan anticorrupción gubernamental”, y dicho “plan” lo que nos legó fue un demencial manejo de las finanzas públicas convirtiendo el Estado en un verdadero manicomio administrativo.

Si le caben honores a estos personajes sería la macábrica distinción de sepultureros de la nación dominicana.

Nuestro país ha tenido grandes depredadores de las arcas públicas, pero exhibirse como responsables de ejecutar una buena obra de gobierno, gracias a la indulgencia que creíamos superadas después de los manifiestos luteranos, nos parece que es tratar de hacer hermoso lo repugnante.

Pienso que para borrar estas terribles escenas de devastación de gente que hoy se hacen llamar “opciones decentes y serias para conducir la República”, las voces más altas de la opinión pública (directores de diarios y medios de comunicación, sociedad civil, iglesias, organizaciones comunitarias, etc.) deben hacerse eco de ese sentimiento nacional de que se nos dé a conocer lo que pasó realmente con el rico botín que es el Estado nacional.

Nada simbolizaría mejor el testimonio del deseo de los miles de dominicanos que se inscriben en esta bandera de lucha, que estas plumas y voces dejen caer con aplomo el reclamo a las autoridades de la hora, de la memoria de lo pasado que engendró la decadencia del progreso y el proceso de descomposición del cual luchamos por vencer.

Definitivamente no hacerlo sería darle oportunidad a gente rematadamente inhábil e incompetente.