Hoy 
POR RAFAEL TORIBIO
Son tantas las incongruencias y las cosas insólitas que ocurren en nuestro país en el terreno de la política, que hemos perdido la capacidad del asombro y, lo que es peor, de rechazarlas. Empezamos por entenderlas y querer explicarlas porque así somos y terminamos aceptándolas, habiendo desaparecido el desagrado que experimentamos al principio cuando conocemos su existencia, si es que alguna vez lo tuvimos. La frecuencia con que ocurren, el silencio cómplice y la justificación de que son cosas propias de nuestra realidad o, simplemente, que representan un mal menor, nos hace ver como ya normal lo que realmente no lo es.
Veamos algunas manifestaciones de esas ocurrencias que suceden en el país y que debieran ser motivo de profunda preocupación para todos, pero especialmente para aquellos que ejercen alguna posición de autoridad o liderazgo.
Con respecto a los Regidores, en los gobiernos municipales se ha pasado del desempeño de una función honorífica a un codiciado puesto, aunque no tenga un salario asignado. Antes, los Regidores eran personas prestantes de la comunidad que, sin remuneración, colaboraban, como una distinción, en el gobierno de la ciudad. Hoy, son puestos que se disputan los militantes de los partidos, a pesar de que no tienen sueldos asignados, sino una jugosa remuneración mensual, en forma de viáticos, por una escasa dedicación semanal.
Otro tanto pasa con el cargo de Vicesíndico, invención partidaria para la colocación de militantes y una forma de dar cumplimiento a la cuota femenina, violada en otras candidaturas. Y eso sucede, cuando no con el aplauso, sí con el silencio, que indica aprobación o, al menos, aceptación.
La irresponsabilidad en el cumplimiento de una ley está presionando para que se eche hacia atrás una reforma electoral que se había entendido como un paso de avance en el fortalecimiento de la democracia. Se ha propuesto volver a la unificación de las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales, bajo el argumento de que estamos siempre en campañas electorales, que son, además, cada día más costosas.
Sin embargo, la ley vigente faculta a la Junta Central Electoral a regular el tiempo de las campañas (sólo tres meses antes de las elecciones), así como poner límites a los recursos gastados en promoción de candidaturas. Hay campaña política en el momento y durante el tiempo que los partidos la necesiten y se gasta en promoción los recursos propios y ajenos, sin ningún límite, y nada pasa.
Recientemente se nos ha recordado que una causa importante de nuestros problemas es que somos un país pobre que vive como rico. Siendo un país muy pobre, donde el salario mínimo, por ejemplo, es solo un tercio del costo de la canasta básica, el sueldo de algunos funcionarios es muy superior al de sus homólogos de países que sí son ricos; mientras el concho, las voladoras y el motoconcho son todavía las opciones más utilizadas en el transporte público, nos damos el lujo de estar construyendo un Metro, sin intentar solucionar antes el transporte en la superficie.
Y algo que no sólo debe procurar, sino darnos vergüenza, es que podemos ser el país que tenga mas jipetas por habitantes en el mundo. Incluso, para quien no pueda tener una jipeta de verdad, están las jipeticas. Los extranjeros no pueden explicarse esta extravagancia en un país que, además, importa todo el combustible que consume.
Hace poco la desfachatez de que la mayoría de los legisladores dispusiera de una ONG que le proporcionara recursos públicos para el trabajo social en su comunidad, siempre con rentabilidad política personal, es sustituida por un fondo, que se nutre también con los recursos de los impuestos que paga la ciudadanía, que se distribuye entre los legisladores en proporción a los habitantes de la demarcación que representa.
La justificación de esta forma retorcida de hacer lo mismo que se hacía antes es insostenible, a pesar de los argumentos. Una primera pretendida justificación es que El barrilito, como se le llama a este fondo, es mucho más transparente que el sistema anterior de ONG para los legisladores. Pero cabe esta pregunta ¿es más transparente el barrilito que la aplicación de la ley que regula el reconocimiento, funcionamiento y uso de fondo públicos por las organizaciones sin fines de lucro?
La otra justificación utilizada es mucho más pedestre que la anterior y es la siguiente: como no puede defenderse en base a ningún criterio que tenga que ver con la función del legislador o una democracia de calidad, se termina diciendo que es un mal menor que se debe aceptar Quizás convenga recordar, para que alguien se preocupe, que los legisladores son electos para el cumplimiento de estas funciones: legislar, representar y controlar al Ejecutivo. En ningún caso se contempla que con fondos públicos hagan asistencia social con rentabilidad política personal.
