JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Aunque mantengo la convicción de que el sistema electoral es uno de los campos en que más hemos avanzado en la última década y que los comicios del martes próximo serán tan normales como los seis anteriores, debemos tomar nota de una serie de reformas cada vez más necesarias para el mejoramiento de nuestra democracia.

Es preciso que tomemos nota de esas necesidades para que consten en acta y no se nos olviden dentro de poco, especialmente a los dirigentes políticos que en medio de las desolaciones de esta campaña electoral han tenido que reconocer que todavía tenemos importantes reformas  por delante.

Lo primero es que a lo largo del proceso, como en el anterior, se ha evidenciado la fortaleza del padrón de electores y la transparencia con que lo ha manejado una Junta Central Electoral empeñada en ganar credibilidad, pero débil por haber nacido sin consenso de los actores políticos, lo que le contaminó el ambiente y la mantuvo casi 4 años a la defensiva, incluso de diatriabas, pero sobre todo de exageradas incertidumbres.

Como en agosto próximo hay que elegir los jueces electorales por 4 años, es preciso que tengamos en cuenta las experiencias y que a los nuevos senadores no se les ocurra repetir la historia, bajo el argumento de que fueron electos para ejercer sus facultades constitucionales. Para que el torneo transcurra con más éxito y sin grandes confrontaciones es preciso que los árbitros sean aceptables sino para todos, al menos para la mayor parte de los equipos participantes.

Que conste también en acta que en una próxima reforma constitucional, planteada por diversos partidos y candidatos, es fundamental que separemos definitivamente las funciones electorales gerenciales y administrativas de las normativas y contenciosas, en dos organismos autónomos, como prevalece en el mundo.

El tribunal electoral contencioso debe ser integrado por jueces tan independientes y decididos que sean capaces de aplicar las normativas para limitar las campañas, las recaudaciones financieras y el gasto de partidos y candidatos y para llamar la atención hasta al Presidente de la República, a fin de extinguir las viejas y perniciosas prácticas de uso del poder y los recursos estatales en las campañas electorales.

Desde la primera etapa de este proceso electoral quedó de manifiesto la necesidad de una ley de partidos políticos que establezca mecanismos democráticos invulnerables para escoger dirigentes y candidatos, así como para establecer alianzas y sancionar más contundentemente el peculado y el tráfico de influencia, el transfuguismo y la compra de conciencias.

Que partidos y candidatos tengan que informar minuciosamente sobre la procedencia de todo el dinero que se derrocha en las campañas electorales, desde que empiezan a perseguir las candidaturas al interior de los partidos. Que los organismos de control estén en la obligación de auditar las cuentas de candidatos y partidos y  se establezcan las sanciones correspondientes a los que violen las normas.

Es generalizado el escándalo por el derroche publicitario de partidos y candidatos a lo largo de unos 9 meses, desde que comenzaron abiertamente las campañas internas para las nominaciones. Parece fundamental que se establezca un período de campaña interna abierta, es decir con publicidad, que no puede ser de más de 60 días. Y luego de 90 días para la campaña general, que es lo contemplado en la actual ley electoral.  

Esas campañas tan extensas y sin control del gasto sólo sirven para incentivar la corrupción y el tráfico de influencia como forma de financiar la costosa carrera política. También incentivan el uso y abuso de los recursos de las instituciones del Estado, la incursión de dinero lavado proveniente de actividades ilícitas, sobre todo del narcotráfico, y el rentismo político de los poseedores de las mayores fortunas, con excesivo poder para premiar o castigar candidatos y partidos.

Así como favorece a los políticos y candidatos de menos escrúpulos y vinculados a los intereses creados, ese costo tan elevado de la política perjudica a los ciudadanos y ciudadanas más honrados y apegados a los conceptos éticos, así como a los representantes de los grupos sociales de menos poder económico, casi imposibilitados de competir en este mercado electoral.

Finalmente, que conste también en acta que ya es obsoleto el sistema de la convalidación de las actas en las juntas municipales electorales, si vienen firmadas, selladas y plastificadas desde los colegios electorales. La JCE quiso eliminar ese paso, pero los partidos lo impidieron. Es el mayor obstáculo a que la información del cómputo electoral fluya rápidamente para evitar incertidumbres. Está demostrado hasta la saciedad que la doble validación tapona el cómputo en los municipios donde hay mayor número de colegios, como el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. Lo volveremos a ver el martes, lamentablemente.

Levanten acta.