Participé en la administración 2000/04. Han transcurrido 16 años de mi primera experiencia en el tren administrativo, y considero que nadie puede sentirse mal ni ofendido ante cualquier requerimiento respecto de su desempeño en la función pública. El tiempo ha sido mi mejor aliado, ni mis más enconados adversarios depositaron instancias, recursos legales y acciones judiciales que me llevaran al banquillo de los acusados. ¡Ganas no faltaron!
Los que nos dedicamos a las tareas partidarias debemos contribuir con amplísimos anhelos ciudadanos concentrados en reducir los ámbitos de la corrupción, fomentando mecanismos institucionales o estimulando procesos para llevar a prisión a los responsables de hechos sancionados por el ordenamiento procesal nuestro. Desafortunadamente, pocos corruptos han tenido como destino final la cárcel. Y el verdadero afán por adecentar la vida pública no guarda relación con tintes ideológicos ni partidarios: lo válido es la ética.
Es evidente que los atajos y subterfugios implementados para cubrir y/o proteger a los sindicados con prácticas corruptas consiguieron un blindaje en el sector justicia, organizado por repartos de una parte del liderazgo político, ansiosos de que la estructura formal de la persecución nunca los toque. No obstante, los escándalos locales están asumiéndose desde otra perspectiva porque llegan impulsados por instancias internacionales que, de paso, colocan a las autoridades del Ministerio Público en una situación difícil.
Cuando las páginas del New York Times destacan reportajes sobre operaciones de dudosa reputación, iniciadas en Brasil, donde se implica a ejecutivos de la empresa constructora Odebrecht en el pago a funcionarios dominicanos de 92 millones de dólares, aquí no se puede alegar ignorancia bajo tecnicismo jurídicos. Además, los terribles reportajes de Wall Street Journal sobre los Tucanos y pago de comisiones a militares y políticos, colocan en una demarcación distante del nivel de protección y complicidad a los responsables de ésas acciones impúdicas. De ahí la necesidad de que todo lo concerniente a conseguir la verdad se obtenga por las vías legales, sin menoscabar la reputación y dignidad de ciudadanos que no tienen relación con comportamientos punibles.
Ejecutivos de Odebrecht admitieron la entrega de dinero a cambio de obras en el país entre los años 2001/2014. Por eso, estoy dirigiéndole una carta al Procurador General en la que establezco el deseo de ponerme a disposición del Ministerio Público para auscultar, investigar y conseguir toda información concerniente a mi ejercicio en la Consultoría Jurídica de la Presidencia. Aunque no construí una pulgada de infraestructura debido a que mi función no estaba asociada a la política de varilla y cemento, vale la pena consignar que ante el hecho de hablar de períodos de ejercicio gubernamental, sin establecer áreas asociadas con los contratos recibidos por la compañía constructora brasileña, no deslindar los campos de responsabilidad abre las puertas a generalizaciones en capacidad de confundir. Por eso, mi postura al respecto.
Aunque desde el 2004 en adelante, Odebrecht estableció un considerable aumento en la obtención de contratos con los gobiernos dominicanos, no pueden excluirse de responsabilidad todos aquellos servidores que desde 2001 hicieron operaciones en sus instituciones con la empresa constructora.

Ojalá salgan a la luz pública todos los elementos que tipificaron la estadía de Odebrecht en el país. Básicamente, la enorme habilidad exhibida por el señor Marco Vasconcelos Cruz, que sus destrezas y conexiones posibilitaron toda clase de piruetas financieras aptas para ir del desarrollo de importantes proyectos de construcción hasta constituirse en fuente de estímulo económico en reformas constitucionales.

Y es que ésas visitas de legisladores y políticos al edificio ubicado en la Pedro Henríquez Ureña y a la Torre Botticelli, avenida Anacaona piso 12, constituyó el rumor por excelencia de una empresa que sirvió para toda clase de dislates en la patria.