Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
El impase que se ha producido en el dialogo de la Junta Central en torno al papel, composición y número de fiscales electorales para los comicios municipales y nacionales de los días 15 de marzo y 17 de mayo de este año.
Sin embargo, no cabe duda de que aun en el caso de que finalmente cumplan con su deber como guardianes de la ley, si estos no se vinculan con mecanismos de ejecución que tengan la virtud de prevenir los fraudes como los que descaradamente cometieron los líderes del PLD en las elecciones primarias del pasado 6 de octubre.
Las eventuales acusaciones y juicios a los delincuentes electorales después de las elecciones, serían en el mejor de los casos meros formalismos, que harían fiambre esos expedientes, pues como dice el pueblo: “El palo dado ni Dios lo quita”, sobre todo en este país con la justicia cooptada y controlada por el partido de gobierno.
Ahora uno se pregunta; ¿para qué es la policía electoral, que en las elecciones estará compuesta por unos 60,000 hombres y mujeres, si es solo para salvaguardar la seguridad de los directivos de los colegios electorales y el traslado de los materiales de éstos al final de la jornada, sino es para garantizar el sufragio, libre de compra-venta de votos, cédulas, delegados y directivos, para evitar los fraudes.
Evidentemente que ese organismo electoral, luego de establecidos los colegios y hasta que se termine el proceso, debe tener como misión principal detener y desmantelar todo intento de violentar la voluntad popular por las vías de intimación, engaño y comercialización del voto de los ciudadanos, además de someter a la justicia cualquier delito electoral que se intente producir en los alrededores de los recintos de votación, motu propio o por denuncias de interesados, porque ese es el verdadero papel de la policía.
Para que nadie tenga dudas de ello, se debe investir con ese mandato a la JCE para todos los colegios electorales y dársele extrema publicidad al mismo, que coadyuva que se evite que políticos sin escrúpulos hagan lo contrario, pues incluso se ha atrevido a decir públicamente que hay mecanismos para conocer la intención de voto de los ciudadanos con la obvia intención de amedrentar a militantes y empleados públicos disgustados; pero sobre todo para estimular el mercado persa en que convirtieron las elecciones primarias de octubre pasado.
El empoderamiento de la policía electoral le ahorraría la vergüenza ante el mundo de una policía indiferente ante la compra de votos, cédulas y otras modalidades, porque el principal papel de la policía es prevenir los delitos antes que castigarlos. Debe llegar a vehículos, colmados, salones de belleza y otros negocios vecinos y desmantelar posibles fraudes.
Cuando toda la legislación electoral se organice dentro de un código coherente y libre de intereses partidistas y de grupos, esas y otras medidas deben figurar como verdaderos garantes para la ciudadanía, para el que Hostos llamó el primer poder del Estado, para evitar que la mafia política aplaste a la democracia dominicana…
