La participación de la ciudadanía y las diversas organizaciones es vital en el diseño y gestión de las políticas públicas para que estas desde su creación hasta su aplicación y evaluación, puedan desarrollarse bajo un concepto diferente, que garantice los derechos humanos y ciudadanos a través de los servicios del Estado.

Muchos autores defienden esta tesis con numerosos estudios y reflexiones que les sirven de base. Leopoldo Fidyka por ejemplo, expresa que puede entenderse por políticas públicas al conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que se consideran prioritarios. Y más adelante indica que:

no deben olvidarse los objetivos a los que se orientan las políticas de participación un análisis de situación permite extraer cuatro tipos de objetivos centrales:

1. Mejorar la gestión, modernizar la administración;

2. Transformar las relaciones personales;

3. Promover el desarrollo sostenible;

y 4. Profundizar la democracia.

En otras palabras, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos tiene un impacto múltiple. Puede ayudar a mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, contribuyendo a cambiar la administración pública; puede apoyar el cambio de la cultura del servidor público; apoyar el cambio hacia un nuevo concepto de desarrollo, de más inclusión, de más equidad y sostenibilidad y puede contribuir a cambiar la cultura y la práctica democrática, profundizando la democracia existente.

Si bien es cierto que este es un camino no exento de riesgos y conflictos, no menos cierto es que la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el camino hacia los cambios deseables y necesitados por las mayorías. Esto ha sido reforzado en la Constitución que en el artículo 2 reconoce que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.

Estas ideas han sido inspiradoras para que el Congreso Nacional aprobara la Ley de Planificación e Inversión Pública, en la cual se ordena el diseño y ejecución de una Estrategia Nacional de Desarrollo, como parte de los instrumentos para reformar la planificación del Estado. Este mandato lo da al hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien con la colaboración del Consejo Nacional de Reforma del Estado, ha preparado un documento de propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que se está sometiendo por diversas vías, a la opinión de la ciudadanía, las organizaciones y distintos sectores del país. Dicha propuesta se nutre, a su vez, de numerosas propuestas elaboradas previamente tanto desde el Estado como desde las diversas organizaciones de la sociedad. La misma abarca ámbitos importantes de la vida social, económica, política e institucional del país.

Se han producido tres documentos para facilitar el proceso. Un documento sustantivo, el más amplio, que explica los puntos de partida, el contexto actual, el modelo de desarrollo vigente y el modelo de desarrollo al que se aspira; los ejes temáticos con sus objetivos, líneas de acción, indicadores y metas; los mecanismos de seguimiento y evaluación; y el financiamiento.

Un segundo documento borrador en el cual se trabaja con detalle los indicadores y las metas de la END, para facilitar su manejo por parte de la ciudadanía. Y un tercer documento que constituye la propuesta de Ley de END, la cual deberá ser revisada y aprobada en el Congreso Nacional.

El proceso de consulta de esta propuesta de estrategia contempla tres modalidades, a saber:

a) Consulta territorial que abarca todos los municipios del país. Esta consulta está bajo la responsabilidad de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil encabezado por el Centro de estudios Sociales Padre Juan Montalvo, quienes han diseñado instrumentos y metodologías para dicho proceso.

b) Consulta a los distintos sectores sociales, políticos y religiosos del país, de manera que los mismos puedan aportar desde sus intereses específicos. Este proceso lo coordina el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo junto Consejo Nacional de Reforma de Estado, CONARE.

c) Consulta individual, abierta a la ciudadanía. Esta podrá realizarse a través de la página web www.end.gov.do o directamente con las instituciones organizadoras.

Los resultados de estas tres modalidades de consulta deberán ser condensados y posteriormente discutidos y pactados por los actores políticos y sociales del país. Luego, una vez el Congreso la apruebe, la END orientará la inversión pública por los próximos veinte años. ¿Cómo ocurrirá esto? Cada institución del Estado deberá preparar un Plan Plurianual, para el período de cuatro años de gobierno, basado en los objetivos y metas de la END.

Es decir que aporte al logro de objetivos y metas trazados en la Estrategia. Anualmente cada institución pública deberá solicitar su presupuesto, a través de un Plan Anual, que aporte cada año al logro de las metas trazadas por su Plan Estratégico, vale decir a las metas de la END. Para asegurar la gradualidad del cumplimiento de las metas y el avance en el proceso, el borrador de END propone dos medios: metas intermedias con sus indicadores de logro y un proceso de seguimiento y evaluación permanente, que se realizará anualmente, cada cinco años y una evaluación al término, o sea al final.

Esta fase también involucra a los distintos actores sociales y políticos a través del Consejo Económico y Social, El Consejo de Gobierno y una comisión bilateral de seguimiento de la END integrada para tal fin.

Siendo un instrumento que orientará la inversión pública en los próximos dos decenios, la END tiene un potencial para contribuir a cambiar la cultura de planificación local, muchas veces cuestionada por la opinión pública, al quedarse en planes cuatrianuales o planes de gobierno que no llegan a convertirse en planes o políticas públicas de Estado, porque no tienen continuidad. La END es justamente una oportunidad para superar esta limitación.

Es preciso aclarar que la END no intenta ser una propuesta que lo abarque todo. Sería un gran error pretender esto. Muy por el contrario, la misma es un esfuerzo por priorizar. Y priorizar de manera participativa las estrategias, objetivos, líneas de acción y metas fundamentales, para lograr el país que los dominicanos y dominicanas deseamos tener en veinte años.

Por todas estas razones, la END tiene un gran potencial transformador de nuestro país, cuyo resultado dependerá no solo del accionar del gobierno, de las instituciones públicas, los técnicos y los líderes políticos, sino en gran medida, del entusiasmo, el rigor, la exigencia y el seguimiento que le impriman la ciudadanía y sus organizaciones.

Las claves

1. Prioridad

La END busca priorizar de manera participativa las estrategias, objetivos, líneas de acción y metas fundamentales que deseamos tener en 20 años.

2. Potencial

La END tiene un gran potencial.

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Potencial sinérgico

La END tiene además un gran potencial sinérgico. En la medida que no solo sea aprobada por todas las fuerzas que interactúan en el Congreso, sino sustentada por la ciudadanía y las diversas organizaciones del país. En esta misma medida la END podrá incidir, por ejemplo, en el cambio de la cultura política, haciendo que los partidos políticos la trabajen en sus programas o propuestas de gobierno. Es preciso aclarar que la END no intenta ser una propuesta que lo abarque todo. Sería un gran error pretender esto. Muy por el contrario, la misma es un esfuerzo por priorizar. Y priorizar de manera participativa las estrategias, objetivos, líneas de acción y metas, para lograr el país que los dominicanos y dominicanas deseamos tener en veinte años. Por estas razones, la END tiene un gran potencial transformador del país, cuyo resultado dependerá no solo del accionar de gobierno.