Cuando uno se informa sobre los expedientes Antipulpo, Coral, Medusa y ahora el filtrado que involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero, llega a la conclusión de que en nuestro país, a pesar de un marco legal bastante completo, ha sido relativamente fácil saltar esas leyes y ese es el común denominador de esos casos, aparte de las otras acusaciones con diferentes tipos penales.

En el año 2007 concluyó la promulgación de una serie de leyes que forman parte de una “Reforma de la Hacienda Pública” y que contiene: Ley de Organización de la Secretaría de Hacienda (494-06), Ley que Crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (5-07), Ley Orgánica del Presupuesto del Sector Público (423-06), Ley de Tesorería Nacional (567-05), Ley de Crédito Público (6-06), Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones del Estado y su modificación (340-06 y 449-06), ley mediante la cual se crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (126-01) y la Ley de Contraloría General de la República y del Control Interno (10-07).

Con ese marco legal, si el manejo de las compras, los pagos, las licitaciones y el presupuesto se cumplieran con estricto apego a ellas, esto garantizaría transparencia y un control de la corrupción. Sin embargo, en los casos conocidos, aparte de las acusaciones de tipo penal, el elemento común ha sido la violación de estas leyes.

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El expediente fue conocido por la opinión pública a raíz de que la magistrada Kenya Romero, encargada de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, autorizara a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) a realizar investigaciones financieras a 209 personas entre físicas y jurídicas.

Por cierto llama la atención que esa autorización fue emitida por la magistrada el 23 de agosto de 2022, cuando la solicitud fue realizada por la PEPCA el 16 de febrero de este año y a su vez había recibido un informe de la Contraloría en fecha 19 de octubre de 2021 “sobre pagos y libramientos elaborados por concepto de Deuda Pública, por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado”.

Hay un párrafo del expediente que resume bastante bien el esquema: “bajo las instrucciones el ministro de Hacienda, para ese entonces Donald Guerrero Ortiz, se realizaban maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513, por concepto de acuerdos transaccionales de los cuales hemos identificado que lograron sustraer RD$17,653,871,513 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos”

Habla también “de la simulación de compras y ventas de terrenos bajo la modalidad de deuda administrativa cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de diez mil quinientos millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, contribuyendo al tipo penal de desfalco”.

El expediente se fortaleció porque hubo delaciones de empresarios involucrados y del “equipo externo” del exministro. Se trata del caso más grande, por lo menos en monto, además de que involucra el mayor número de altos y medianos exfuncionarios del pasado Gobierno

Esperemos con paciencia las investigaciones, sometimientos, si procede, y que los actuales funcionarios aprendan de cabeza ajena.