Las crecidas de ríos y sus efectos sobre el hábitat inseguro y frágil de cientos de familia deben servir para refrescar la mala memoria de autoridades que han prometido desalojar de zonas peligrosas a miles de familias que viven en constante riesgo. Año tras año, los desbordamientos se inscriben como recordatorio de que el Gobierno está en el deber de actuar para evitar desastres.

En La Barquita, El Timbeque o cualquier otro lugar de tan amenazantes  características, persiste el drama humano del peligro, y más en tiempos como estos, cuando la zona geográfica en que está enclavada la isla entra en la curva más activa de una temporada ciclónica que promete ser intensa.

El desalojo definitivo de los caseríos en zonas susceptibles de ser azotadas por riadas o deslizamientos de tierra y derrumbes ha sido una promesa constante de las autoridades. Se habla del tema en momentos en que, como en estos días, muere gente y muchas familias  tienen en sus casas el agua a altura de dintel. Por curioso que parezca, la prevención de situaciones dramáticas no está en las prioridades, a pesar de que evitaría pérdidas de vidas y bienes. El Gobierno está en el deber de diseñar un plan de prevención de desastres que contemple el desalojo y reubicación de familias expuestas a estos peligros y la prohibición definitiva de construcciones  de viviendas en esos lugares.

Incubadoras de talentos
¿Sería factible que cada bachiller salga de la secundaria con una carrera técnica? La pregunta tiene su motivación en el hecho de que una proporción muy elevada de nuestros bachilleres egresados de la enseñanza pública descontinúa los estudios, no va a una academia de educación superior y termina insertándose en el mercado de trabajo en condiciones precarias y desventajosas. La enseñanza pública, desde la educación media hasta el bachillerato, debería operar como una incubadora de talentos que despierte la vocación de los bachilleres por una preparación técnica superior.

El resultado de un programa de este tipo podría ser que los bachilleres que no ingresen a la enseñanza superior queden técnicamente preparados para ingresar al mercado de trabajo con mejores condiciones, y eventualmente estimulados a desarrollar proyectos de autogestión. Gobierno y sector privado bien podrían unificar esfuerzos para desarrollar un plan piloto de este tipo.