Si hay una justicia que debería convertirse en paradigma universal, esa es la justicia argentina. El último dictador de ese país, el ex general Reynaldo Bignone acaba de ser condenado a quince años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en una cárcel clandestina dentro de un hospital público. Esto ocurrió durante el régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983. Fue presidente de facto dependiente de la última Junta Militar de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

Poco importó que ya hubiera sido condenado dos veces a cadena perpetua. Poco importó que el condenado tuviera en este momento 83 años de edad. Poco importó que estuviera a cargo de la transición hacia la democracia tras la derrota de su predecesor, Leopoldo Galtieri, en la guerra de Malvinas. Poco importó que entregara el poder pacíficamente a Raúl Alfonsín.

Anteriormente Jorge Rafael Videla, tras la recuperación de la democracia en 1983, había sido juzgado y condenado a prisión perpetua en una cárcel común y destituido del grado militar en diciembre del 2010 por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno de facto. El 22 de abril de 1985  Emilio Eduardo Massera fue juzgado por violaciones a los derechos humanos, asesinato, tortura y privación ilegal de la libertad, y condenado a prisión perpetua. Junto a José Rafael Videla y  Orlando Ramón Agosti formó parte de la Junta Militar que derrocó a la Presidente María Estela de Perón. Agosti fue condenado a cuatro años y medio de prisión.

A diferencia del tratamiento dado al dictador chileno Augusto Pinochet, también con acusaciones comprobadas  de crímenes de lesa humanidad y de todos los dictadores latinoamericanos, aquellos fueron debidamente castigados por la justicia argentina.

Nuestros tribunales dominicanos  nunca hicieron justicia con los miles de crímenes que tuvieron lugar durante la dictadura.

Al terminar ese trágico período, amparándose de la anhelada democracia con la que soñábamos y con la protección de las fuerzas invasoras de 1965, Joaquín Balaguer retorna al poder. En este período comienzan de nuevo los crímenes de Estado, sin que los culpables reales pagaran su culpa.

Tanto los criminales del régimen de Trujillo como los del gobierno de Balaguer murieron en sus camas y ninguno purgó pena alguna. Algunos siguen vivos y libres.

El Poder Judicial y el Ministerio Público dominicanos nunca satisficieron la sed de justicia que siempre ha demandado nuestra sociedad. Ahora que tenemos una nueva composición humana de la Suprema Corte de Justicia aplaudamos la Justicia argentina y emulémosla.