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ASUNCION (AP).- Mientras el Senado paraguayo se preparaba el viernes para someter a juicio político al presidente Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones, el mandatario pidió a la Corte Suprema de Justicia la suspensión del proceso por supuestamente violar el principio jurídico de legítima defensa.
El abogado de Lugo, Adolfo Ferreiro, alegó ante la Corte que el tiempo de dos horas establecido para que Lugo se defienda de las acusaciones por mal desempeño de sus funciones es escaso.
Fabián Escobar, secretario administrativo de la sala constitucional de la Corte, confirmó que un asistente de Ferreiro hizo la presentación del escrito y explicó que esa sala puede aceptar estudiar el pedido de Lugo o rechazarlo sin más trámites porque el juicio en el Senado es político y no jurídico.
Ferreiro explicó en conferencia de prensa que su presentación ante la Corte «no suspende el juicio político porque la sala constitucional no tiene fecha límite para expedirse. Lo puede hacer hoy o la semana próxima o cuando crea conveniente». Agregó que «de todos modos, si el Senado destituye hoy a Lugo recurriremos ante la Corte Interamericana con sede en Costa Rica porque afirmamos que el plazo de dos horas para defenderse es inconstitucional.
El plazo normal para preparar la defensa en cualquier litigio judicial es de 18 días». En tanto, el senador del Partido Liberal Radical Auténtico, Luis Wagner, disidente de la cúpula partidaria, anunció que «estoy tratando de reunir urgentemente al comité ejecutivo para anular la decisión del jueves de iniciarle un juicio político a Lugo, pidiéndole a los colegas que voten en contra de la destitución el viernes». «La destitución ocurrirá si el Senado obtiene dos tercios de los votos del total de sus 45 escaños, es decir 30 votos», especificó.
Lugo, quien fue elegido hace cuatro años gracias a sus promesas de ayudar a los pobres, apareció en televisión nacional para desmentir los rumores de que renunciaría y se comprometió a enfrentar el juicio con todas sus consecuencias. La cámara baja votó el jueves a favor de destituir al presidente.
Horas más tarde, el Senado anunció que el mandatario, de 61 años y enfermo de cáncer linfático, sería enjuiciado el viernes en un proceso que se extenderá por cinco horas y tras las cuales habrá un veredicto.
El diputado opositor José López Chávez informó que los cargos contra Lugo serán numerosos e incluyen su responsabilidad en el enfrentamiento, su vínculo con líderes de organizaciones de campesinos que invaden haciendas privadas y nepotismo en la administración pública, entre otros. Si el ex obispo católico es destituido, el Partido Liberal Radical Auténtico, de la mano del vicepresidente Federico Franco, volverá a ocupar la presidencia del país luego de 76 años.
En Paraguay, un país pobre y sin acceso al mar, la votación llevó a los atemorizados residentes en la capital, Asunción, a cerrar los comercios y las escuelas. La incertidumbre puso en alerta al hospital de emergencias por si se presentan disturbios y brotes de violencia.
Los paraguayos temen la posibilidad de que el enfrentamiento que se avecina en el Senado, bajo control de la oposición, pueda desatar violentas protestas callejeras como las que se produjeron en marzo de 1999 tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.
Legisladores de la oposición le pidieron a Lugo que renuncie para evitar la efervescencia política y los disturbios. El ex obispo católico, quien asumió el mando en agosto de 2008 y debe entregar el poder en agosto de 2013, afirmó la noche del jueves en entrevista con Telesur de Venezuela que «iré al Congreso con mis abogados a defenderme y espero que reine la racionalidad en los parlamentarios para que este presidente pudiese salir airoso del juicio injusto». «Mi gobierno es aceptable por la mayoría», enfatizó.
El jefe de Estado recibió la noche del jueves el respaldo personal de los cancilleres de nueve países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El venezolano Alí Rodríguez, secretario general de la organización, hizo de portavoz: «Dentro de la recta administración de justicia está el debido proceso con todas las garantías para que un acusado pudiese defenderse, eso queremos en esta ocasión. El viernes nos reuniremos con el Parlamento y partidos políticos para buscarle una salida no cruenta a la situación porque en casos así los hechos a desencadenarse son imprevisibles».
En tanto el presidente Rafael Correa dijo en rueda de prensa que la Unasur podría «no reconocer al nuevo gobierno (paraguayo) e incluso llegar al cierre de fronteras como lo establece la cláusula democrática de Unasur. Internamente ellos pueden hacer lo que quieran, pero para ser reconocidos a nivel internacional depende de nuestra decisión».
Añadió que «ojalá entendamos la gravedad del asunto, esta época estaba siendo superada en América Latina». El analista político Bernardino Cano Radil explicó en entrevista con The Associated Press que el apoyo popular del mandatario se vio minado por «su incapacidad para conducir el Estado, sus señales confusas para repudiar la violencia, sus reuniones con personas irregulares y de conducta violenta de la política, su impotencia de enfrentar la situación política y su falta de diálogo con los partidos políticos democráticos parlamentarios».
Pompeyo Lugo, hermano mayor del mandatario y militante del opositor Partido Colorado, coincidió en que el presidente «tiene sus propias ideas, no escucha a nadie… El tiene una esposa, el Partido Liberal, y varias novias, las organizaciones de izquierda. Así es imposible gobernar».
El viernes durante una hora y media unos cinco diputados en condición de fiscales leerán la acusación contra Lugo. Luego habrá un receso de una hora y al reiniciarse, Lugo o sus abogados presentarán la defensa en un plazo máximo de dos horas.
Posteriormente el Senado hará la valoración del descargo del mandatario y votará si lo destituye o lo absuelve. El pedido de juicio político a Lugo se produjo seis días después de la muerte de 17 personas en un enfrentamiento armado entre policías y campesinos durante el intento de desalojo de una reserva forestal en Curuguaty, a unos 400 kilómetros al noreste de Asunción, que desembocó en la renuncia del ministro del Interior y del jefe de la policía. En Paraguay 80% de las tierras fértiles está en poder de 2% de la población.
Los terrenos, en su mayoría, están destinados a la producción agrícola y ganadera que por primera vez en 2010 permitió que Paraguay tuviera un crecimiento económico de 14,5%. Sin embargo, de 6,4 millones de habitantes 39% es pobre y dentro de esa franja 19% es miserable, según dijo a la AP el analista internacional Ricardo Rodríguez. Organizaciones de campesinos de la izquierda moderada informaron que se mantendrán atentas al desarrollo de los hechos.
«Lugo no está cumpliendo su principal promesa electoral de otorgar la reforma agraria pero no es culpa suya sino del Poder Judicial que frena todo intento de expropiar tierras en manos de extranjeros o recuperar terrenos que originalmente eran del Estado y hoy están en manos de ex adherentes de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989)», dijo Belarmino Balbuena, líder del Movimiento Campesino Paraguayo en entrevista con la AP.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, William Ostick, dijo el jueves a la AP que «es sumamente importante que estas instituciones (paraguayas) actúen de manera resoluta y transparente y que los principios de un debido proceso y los derechos del acusado se respeten escrupulosamente». Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, pidió que durante el proceso «se resguarde, en todo momento, el diálogo, el entendimiento y la paz interna».
